Los ayuntamientos de Alicante, Valencia y Castellón firmaron ayer un manifiesto de forma conjunta por el que exigen al Ministerio de Medio Ambiente, «de forma rotunda y contundente», que reconozca al chiringuito como elemento singular que, por su naturaleza, exige ser ubicado en la zona de dominio público marítimo terrestre y que debe contar con características adecuadas a la necesidad de la ciudadanía, tanto en medidas de autorización y explotación, como en protección del entorno y promoción del turismo.
El concejal de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Castellón, Gonzalo Romero, explicó tras la reunión mantenida con la concejala de Playas de Valencia, Lourdes Bernal, y la concejala de Turismo de Alicante, Marta García Romeu, que «reivindicamos el derecho al ocio de los veraneantes y la defensa del sector turístico de la Comunitat, así como de miles de empleos directos e indirectos que generan los chiringuitos de las playas y, más aún si cabe, en un momento de tan grave crisis económica por el que atravesamos».
Este documento se remitirá a otras localidades costeras para que se adhieran. Romero también exigió a Rodríguez Zapatero la instalación y mantenimiento de los chiringuitos y la pertinente reforma de la Ley de Costas de 1988 para adecuarla a la realidad actual.
El concejal de Sostenibilidad recordó que «el turismo de nuestro país, principalmente en las provincias litorales, se ha sustentado en el atractivo de sus playas y su climatología, lo que permite a los visitantes disfrutar de sus estancias vacacionales al borde del mar y con todos sus servicios con el fin de dar una oferta de calidad, entre los que se encuentran estos locales de ocio que atienden a la demanda turística, tanto en horario diurno como nocturno».
Puestos de trabajo
Romero afirmó su «total» apoyo a la instalación de estos chiringuitos , «ya que de esto dependen miles de puestos directos e indirectos, puesto que la no existencia de turistas en nuestras playas perjudicaría a hosteleros y hoteleros, así como al comercio y otros empresarios y trabajadores».
Los tres ayuntamientos pretenden encontrar herramientas y posibilidades para que la explotación de estos chiringuitos se adecue a la necesidad real del turismo y que su concesión de licencias sea rápida y en tiempo para poder establecer las medidas de protección e instalación necesarias para la ubicación de estos locales estivales. Adviertan que vigilantes para ver cómo se implanta la Ley de Costas en otros municipios para que no haya discriminación».
Marta García Romeu destacó que «llevamos a cabo un pacto conjunto para defender este atentado al sector del turismo por parte del Gobierno central para acabar con estas instalaciones que ponen en valor nuestras costas». «El Ministerio tiene que reaccionar y mantener los chiringuitos y continuaremos yendo de la mano para que así sea», añadió.
Lourdes Bernal afirmó que «queremos evitar una tomadura de pelo del Gobierno central porque durante todo el verano hemos pedido información a la Dirección General de Costas y vamos a seguir reivindicando estos chiringuitos y respaldando a los hosteleros».
