Apenas dos meses después de que el anastesista Juan Maeso fuera condenado a casi 2.000 años de prisión, un nuevo brote de hepatitis C comenzaba a gestarse en un hospital público de la Comunidad Valenciana: el General Universitario de Alicante. Un informe de la Unidad de Epidemiología de dicho centro, al que ha tenido acceso ahora este diario, revela que en el segundo semestre del 2007 fueron detectados siete contagios en pacientes del Servicio de Hematología, ubicado en la séptima planta. Uno de ellos, identificado como P.S.A. y de unos 40 años, falleció en septiembre del año siguiente y su familia, a través del bufete de abogados ilicitano Díez Castillo, exige una indemnización a la Conselleria de Sanidad porque cree que pudo existir una negligencia profesional que agravó la patología de base, leucemia, que el hombre ya padecía.
Los primeros tres contagios fueron comunicados el 11 de noviembre del 2007 por el jefe de Hematología, el doctor Verdú, tanto a Epidemiología como al subdirector médico del hospital, Javier Raduan. Pero la opinión pública no ha recibido información alguna del brote en todo este tiempo. Y está por ver si éste fue reflejado en los boletines epidemiológicos semanales que elabora Salud Pública en relación a las enfermedades de declaración obligatoria.
El informe definitivo que detalla las causas, el desarrollo de los acontecimientos y las actuaciones realizadas por los servicios sanitarios para frenar la ola de contagios está fechado el 23 de octubre del pasado año. Lo firman los doctores José Sánchez Payá y Antonio González Torga y está dirigido al gerente del Departamento de Salud 19, José Martínez Soriano.
El documento recoge como origen más probable del brote un octavo paciente y descarta, entre otras hipótesis, que los siete enfermos contagiados recibieran transfusiones de sangre infectadas. «La fuente de infección más probable ha sido un paciente ingresado, con hepatopatía crónica por VHC conocida, durante algunos periodos de tiempo dentro del segundo semestre del año 2007 en la 7ª (planta) D», concluyen los especialistas.
El informe da cuenta de los estudios de biología molecular y filogenesis de cepas del virus realizados con posterioridad en el Instituto Cavanilles de la Universidad de Valenciana y el Instituto Carlos II de Madrid. Estos estudios corroboran que el mecanismo de transmisión «más probable» de la enfermedad halló cobijo durante el proceso de atención a los pacientes, «ya sea por un vehículo común o de manera directa entre paciente y paciente».
Los afectados provenían de Alicante, Benidorm y Elche, con dos casos cada ciudad, y Elda. Todos los centros de Salud Pública de dichas áreas fueron informados de la declaración de la enfermedad.
Como consecuencia del brote, el Hospital General reforzó las medidas de prevención y ya no se produjeron más infecciones por hepatitis C aguda, al menos hasta octubre del 2008, según los doctores José Sánchez y Antonio González.
A lo largo del pasado año se sucedieron la emisión de informes desde distintos organismos sanitarios y las reuniones de coordinación entre cargos médicos del centro sanitario y la Conselleria, lo que da idea de la gravedad de la situación a los ojos de los máximos responsables de la Administración sanitaria. No en vano, la de Hematología es una unidad especializada a la que son derivados, entre otros, ciudadanos que han recibido o precisan un trasplante. Sobre el papel, las medidas de prevención e higiene deberían ser máximas.
Los epidemiólogos rastrearon en su día los tratamientos recibidos por los pacientes contagiados en búsqueda de una causa de infección compartida en todos los casos: punciones de médula ósea, endoscopias digestivas, administración de medicación por vía intravenosa...Pero la investigación reveló que no s dio «ningún procedimiento común entre ellos, más allá de la administración de fluidoterapia y las transfusiones de sangre. Precisamente, el Centro de Transfusiones de Alicante elaboró un informe según el cual no se había encontrado a «ningún donante portador de anticuerpos del virus de la hepatitis C».
«Es evidente que el protocolo no se cumplió. Algo ha tenido que fallar, máxime cuando estamos hablando de una unidad de élite en el que debe darse un plus de garantías, donde está hospitalizada gente con las defensas muy bajas», opinó ayer en declaraciones a este diario el abogado de la viuda de P.S.A., Raúl Díez Castillo.
Por el momento, la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Generalitat se está sustanciando en la vía administrativa porque la familia del fallecido no se ha planteado llevar el caso a la jurisdicción penal.
«Llegar hasta el final»
No obstante, el letrado, que es experto en derecho sanitario y negligencias médicas y trabaja habitualmente como asesor jurídico de la Asociación del Defensor del Paciente (Adepa), ha recibido órdenes de su cliente de «llegar hasta el final» en este asunto para tratar de descubrir quién o quiénes pudieron incurrir en un error de proporciones descomunales.
De hecho, los denunciantes sospechan que el personal sanitario pudo utilizar con los perjudicados ingresados en la séptima planta del Hospital General un mismo material, lo que contravendría cualquier protocolo.
«El informe es decir para no decir nada. Habla de un contagio cruzado, pero el contacto directo de paciente a paciente es prácticamente imposible porque están en departamentos estancos», advierte Díez Castillo.
Los epidemiólogos admiten expresamente en su informe de octubre del 2008 la posibilidad de un «vehículo común» como causa de la transmisión de virus en una unidad que se compone de catorce camas, pero no van más allá en esa hipótesis.
Por su parte, la Conselleria guardaba ayer silencio. Este diario trató en vano de recabar de sus responsables una reacción oficial a la existencia del brote, un brote que ha permanecido oculto hasta ahora.
