Cientos de agricultores de la provincia de Alicante denunciaron ayer, en una manifestación en la capital alicantina convocada por la Asociación de Jóvenes Agricultores-Asaja, que el Gobierno central «está incurriendo en un delito de omisión del deber de socorro al desamparado sector agrícola».
Por ello, al término de la marcha, en la que participaron 1.500 personas según la organización y 400 según la Policía Local, el presidente de Asaja-Alicante, Eladio Aniorte, presentó un recurso contencioso administrativo «contra la inactividad de la Administración, solicitando amparo a la justicia por el abandono del sector» agropecuario.
«Reclamamos dignidad, precios justos y que el Gobierno central concierte con los agricultores todos los productos que dependen de él», como la electricidad, el gasóleo o los fertilizantes, entre otros, dijo Aniorte.
Para el presidente de Asaja-Alicante, el Ejecutivo central «está para negar a los agricultores todo, el Plan Hidrológico Nacional, el agua, los precios» y destaca que en otros países como Francia, el sector agrario «ha conseguido que el gobierno francés le destine 1.600 millones de euros».
Aniorte añade que la Unión Europea sólo defiende los sectores de «la carne, la leche y los cereales», por lo que ha deseado que la próxima Presidencia Europea de España, que comienza en enero de 2010, «redacte normas de protección de la agricultura» de frutas y hortalizas, así como «un reconocimiento institucional de la agricultura y ganadería».
Además de representantes de Asaja-Alicante, en la manifestación, que transcurrió bajo el lema «Dignidad y Justicia para el campo alicantino. Estabilidad de precios ¡ya!», participaron representantes de las patronales Coepa y Cepyme, así como de los regantes del Vinalopó, entre ellos Javier López Mora y Juan José Sellés.
Para el presidente de Cepyme-Alicante y Cepymeval, Juan José Sellés, se debe apostar por los trabajadores agropecuarios y reconocerlos como «un sector estratégico» en España y en la provincia de Alicante». El presidente de la Junta Central de Usuarios del Alto Vinalopó y l'Alacantí, Andrés Martínez, dijo que «las verdaderas necesidades hídricas es tener unas tarifas de riego que se puedan pagar». Se exhibieron pancartas en defensa del trasvase del Ebro durante la marcha hasta los juzgados.
