Los herederos de Miguel Hernández ya tienen experiencia en litigios contra otras administraciones. Salieron hace años por la puerta de atrás del Patronato de la Fundación que lleva el nombre del poeta y hace casi 24 meses empezaron una encarnizada lucha con el Ayuntamiento de Orihuela que aún colea. El 30 de octubre del 2007 la ciudad bajo cuyas palmeras escribió sus primeros versos un joven llamado a ser cabrero por tradición familiar, vio una escenificación de unidad inédita entre las partes implicadas en la organización del centenario. Esa unión se rompió poco después y a partir de ese momento comenzó una guerra sin cuartel que, hasta el momento, no cuenta con vencedores ni vencidos.
La familia acudió a un Pleno extraordinario celebrado en Santo Domingo en el que el Ayuntamiento de Orihuela declaró el 2010 como Año Hernandiano. Minutos más tarde a las puertas de la casa donde vivió el poeta, tras los muros del colegio diocesano, se presentó el logotipo que estaba llamado a promocionar el centenario. Bajo la imagen de la cara del escritor posaron familiares y políticos, pero no todo se desarrollo tal y como estaba previsto. Esa noche no se firmó el convenio entre los herederos y el Ayuntamiento y pocos días después se cesó en su cargo al que hasta ese momento había puesto cara a la sociedad que gestiona los derechos de los herederos, Diego Figueroa. Fue quince días más tarde cuando, una vez más en la sede hernandiana, se firmó un convenio entre el Consistorio, la Generalitat y la familia, representada en la figura de la nuera de Miguel Hernández, Lucía Izquierdo.
Pero el supuesto acuerdo, cifrado en la aportación de 36.000 euros por parte de la administración local, quedó en papel mojado. Unos meses más tarde la empresa Centenario Miguel Hernández inició una relación epistolar con el Ayuntamiento oriolano y más en concreto con la concejal de Cultura, Pepa Ferrando, en la que en un principio pretendían limitar el uso y las imágenes alusivas a Miguel Hernández. En la carta que después se concretó con una reunión, la firma que defiende los intereses de los herederos planteaba que éstos debían tener más participación en todo lo que se hiciera con el nombre del poeta. Todo esto ocurrió en los albores del primer Fitur al que Orihuela acudía con un expositor propio bajo el paraguas de la Generalitat Valenciana, organizado en torno a la figura de Miguel Hernández.
Aunque la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, intentó quitar hierro al asunto, la feria turística pasó pero no las advertencias por parte de la familia. Pocos meses más tarde el Ayuntamiento eliminó el primer logotipo que todavía se puede encontrar en algunas vallas publicitarias junto a a la autovía A-7, y lo cambió por lo que supuestamente era «una evolución del mismo». Eso si, sin ninguna alusión clara al poeta y con la marca Orihuela 2010, es decir, sin usar en ningún momento el nombre de Miguel Hernández.
Las misivas se sucedieron y en coincidencia con la presentación de la equipación del Orihuela con la publicidad del centenario, la familia volvió a instar al Consistorio a que le consultara cualquier acción en pro de sus derechos de propiedad industrial, propiedad intelectual e imagen, ya que, a su juicio, la sociedad que les representa era quien debía dar autorizar el uso de la imagen hernandiana en cada caso.
Todo esto llevó al Ayuntamiento a registrar sus propias marcas para evitar que cualquier comercialización fuera paralizada por la familia.
