Desde que estalló la crisis, los empresarios demandan una reforma laboral que el Gobierno rechaza acometer porque entiende que llevaría implícita una pérdida de derechos para los trabajadores. El vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves (Ceuta, 1945) sí ve necesario revisar el mercado de trabajo. Entre sus propuestas está cambiar la estructura de los convenios colectivos, pues admite que no se debe de aplicar el mismo convenio a una empresa de doscientos empleados que a una de cinco, y regular el absentismo.
-Como ex ministro de Trabajo. ¿Qué siente al escuchar a la patronal pedir una reforma laboral?
-Sólo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. Si ahora se hiciera una reforma laboral, incluso con la orientación que pretende CEOE, no produciría efecto sobre el mercado de trabajo antes de cuatro o cinco años. Además, CEOE, e incluso el PP, cuando hablan de reforma laboral no explican qué clase de reforma quieren. Todo el mundo intuye que pretenden abaratar el despido, eliminar los controles judiciales sobre el despido o facilitar el despido. Si no es así, que digan en qué consiste, porque yo sí creo que hay que abordar una reforma laboral.
-¿En qué dirección?
-Creo que hay que examinar la estructura de los convenios colectivos para adaptarlos a las condiciones de cada empresa, que deben considerarse individualmente, y estudiar el absentismo laboral. Habría que revisar también las bonificaciones para el empleo, los servicios públicos de empleo y la formación profesional. Si nos ponemos de acuerdo en eso podremos abordar en el momento oportuno una reforma laboral. Ahora, si pretenden disminuir las garantías que tienen los trabajadores, eso no es avanzar, es ir hacia atrás.
-¿Hay alguna forma de recuperar el diálogo social y llegar a fórmulas aceptables por las tres partes?
-Por encima de los encontronazos que ha habido, de los intereses de las empresas y los trabajadores, está el interés de la economía española. Eso debe primar a la hora de estar abiertos todos, Gobierno, sindicatos y empresarios, a un nuevo proceso de diálogo social, que es absolutamente necesario. La futura Ley de Economía Sostenible va a necesitar el sostén de ese diálogo social.
-A propósito, ¿dónde está esa ley?
-(Risas). Bueno, hay que tener paciencia porque no es una ley cualquiera. No es una norma sectorial, es una ley integral que pretende un cambio sustancial en el modelo de crecimiento económico, por tanto no se puede hacer deprisa. Saldrá seguramente en noviembre, en las próximas semanas.
-Los sindicatos rechazan la ley y los empresarios acusan al Gobierno de jugar a aprendiz de brujo por dictar de antemano el modelo y los sectores de futuro. ¿Qué opina?
-El Gobierno sabe que un modelo económico de crecimiento no se cambia sólo con una ley. Pero es el primer paso, establecer objetivos y líneas generales de por dónde queremos que camine el nuevo patrón de crecimiento. Eso no se puede dejar exclusivamente en manos del mercado, porque la libertad absoluta de mercado ya sabemos a qué nos ha conducido. Dicho eso, no me parece serio criticar una ley que aún no se conoce.
Presidentes autonómicos
-Usted quiere tratar la Ley de Economía Sostenible en la próxima Conferencia de Presidentes. ¿Hay ya una fecha para esa reunión?
-La conferencia persigue conocer la opinión de los presidentes autonómicos, porque tienen también competencias en política económica. Tiene que celebrarse entre la primera lectura de la ley, cuando el gobierno la haga pública, y su aprobación definitiva. Son dos fechas que aún no conocemos, pero seguramente será en la segunda quincena de noviembre.
-Acaba de presentar el decreto regulador del nuevo fondo de obra local. ¿Cuántos empleos creará?
-Creemos que se crearán en torno a 200.000 empleos, pero cualquier previsión puede estar sujeta a error. Para el fondo ahora vigente habíamos previsto 200.000 y ha sido prácticamente el doble. En el nuevo es aún más difícil de calcular porque los proyectos son distintos. Quizá la cantidad pueda ser menor, pero será un empleo mucho más cualitativo.
-Usted dijo que primarán los proyectos que den empleo a parados de larga duración. ¿Cómo verificarán que son ellos los contratados?
-El sistema de control que hay son las oficinas de empleo. En la medida en que funcionan, podemos controlar que se ha contratado a parados de larga duración.
-¿Qué pasará con los 420.000 ocupados en obras del primer fondo? -Eso no lo sabremos. Cuando hablamos de más de 400.000 empleos, queremos decir 200.000 puestos que se han mantenido y 200.000 nuevos. Es difícil saber cuántos se incorporarán al nuevo fondo.
