La Plataforma Comarcal por la Movilidad Sostenible de L'Alacantí (PCM) -en la última reunión de su comisión permanente- ha valorado negativamente los anuncios de la Generalitat de privatizar la gestión de la línea 2 del tranvía de Alicante al considerar que los servicios de transporte público gestionados directamente por la Administración autonómica tienen un plus de calidad respecto a los que son gestionados por empresas concesionarias.
Ponen como ejemplo la diferencia entre la calidad de servicio del transporte urbano en autobús de la ciudad de Valencia, prestado directamente por el Ayuntamiento -mediante la empresa EMT- y la calidad del TAM en Alicante prestado por el grupo Subús, insisten.
Denuncian que «aparentemente, los graves problemas financieros de la administración autonómica han provocado, la intención de entregar en concesión la línea 2, a pesar de los problemas de coordinación e incluso de seguridad que puedan suscitarse al compartir 2.000 metros de túnel con las líneas que seguirá gestionando FGV.
Desde la plataforma sostiene que el Consell «debe garantizar la financiación de las obras y servicios públicos antes que destinar decenas de millones de euros a eventos deportivos o lúdicos». De esa manera, reiteran que «la Generalitat se evitara tener que recurrir a empresas interpuestas entre la administración y el usuario que lo encarecen el propio servicio público y merman su calidad».
Los miembros de este colectivo social intercomarcal apuntan que «en todo caso, cuando se está planteando que la prolongación de la línea 1 desde la Estación de Renfe al barrio de Babel sea subterránea -incluyendo el tramo de la avenida de Orihuela-, se debe recordar que un kilómetro de tranvía subterráneo cuesta hasta siete veces más que un kilómetro en superficie».
También la Plataforma Alicante por un Tranvía Público (ATP), que engloba a otros diversos colectivos sociales, sindicales y políticos, ha hecho un llamamiento de nuevo esta semana al conseller de Infraestructuras, Mario Flores, para mostrarle su más rotunda oposición a la privatización de la gestión tanto de la línea 2 del tranvía como de las nuevas líneas Tram proyectadas para unir la ciudad de Alicante con el Aeropuerto de El Altet, Elche y el centro de Benidorm.
