La denuncia en Fiscalía por presuntas irregularidades realizada por el secretario del Ayuntamiento de Orihuela, en calidad de presidente del tribunal de unas oposiciones para consolidar 30 plazas de agentes de la Policía Local, no ha caído demasido bien entre el resto de integrantes del órgano calificador. Ayer, cuatro de los miembros de ese tribunal, todos ellos agentes municipales, hicieron público un comunicado en el que acusan a Virgilio Estremera de manipular parte de los exámenes, en concreto 38 (37 de ellos aprobados y uno suspenso), que se llevó consigo el pasado fin de semana sin dar cuenta de ello al tribunal.
Ante esta actuación del alto funcionario reclaman al Ayuntamiento que tome medidas drásticas como la apertura de un expediente disciplinario, así como el cese cautelar en las funciones que ahora mismo desempeña Estremera en el Consistorio «hasta que se aclaren los hechos y los objetivos que le han llevado, no a denunciar 'supuestas irregularidades', sino a concederse a sí mismo la posibilidad de poder manipular los exámenes (que no afirmamos que lo haya hecho)».
Este asunto se sacó a la luz el pasado lunes, cuando el propio Virgilio Estremera comunicó al concejal de Personal y este a su vez a los portavoces de la oposición, que iba a denunciar en Fiscalía presuntas anomalías en la realización de una de las últimas pruebas de esta oposición, un examen tipo test. Nada más saberlo, desde el equipo de gobierno se tomó la determinación de paralizar y un día más tarde el portavoz de CLR, Pedro Mancebo, apuntaba a la supuesta filtración de parte de las preguntas a algunos de los aspirantes a las plazas de policía.
A partir de ese momento, el asunto se trasladó al ámbito político, sin que hasta el momento ni los sindicatos -que todavía no han hecho declaraciones públicas al respecto-, ni ninguno de los integrantes del tribunal, se pronunciara. Hasta ayer, cuando los cuatro policías locales que forman parte del mismo sacaron a la luz su versión de los hechos.
En el comunicado hecho público por José Miguel Guilló, Francisco José Cánovas, Antonio Lucerón y Rubén Selma, aseguran que ellos no supieron hasta el lunes a mediodía de la denuncia realizada por el secretario, que según dicen no les dio ninguna explicación acerca de las irregularidades detectadas. Además, indican que ese mismo día y por parte de la secretaria de los calificadores, supieron que el alto funcionario seleccionó el viernes anterior 38 de los exámenes y «se los llevó con él», teniéndolos en su poder durante todo el fin de semana tras el que decidió poner la denuncia.
Al conocer los hechos reclamaron que se reintegrasen las pruebas por parte de Estremera, y al devolverlas comprobaron «que los folios habían sido desgrapados y vueltos a grapar», es decir, añaden, que «los exámenes habían sido manipulados». Las sospechas de los integrantes del tribunal van contra el secretario municipal porque indican, sin acusar al funcionario, que «se puede haber sustituido alguna o algunas de las hojas que componen cada examen, así como que se puede haber hecho correcciones en las casillas de respuestas». Además, comentan que se existía alguna sospecha, Virgilio Estremera debería haber convocado al tribunal «para sellar los exámenes y ponerlos a disposición de quien corresponda». De este modo, aseguran que el presidente del tribunal es el único que hasta el momento ha cometido algún tipo de irregularidad y apuntan a que las supuestas anomalías que se han denunciado pueden haber sido «creadas» de forma deliberada. Los integrantes del tribunal creen que todo esto es un ataque deliberado a la Policía Local y al Ayuntamiento. El concejal de Personal, David Costa, preguntado ayer a este respecto, aseguró que respeta las valoraciones realizadas por los miembros del tribunal calificador pero pidió «prudencia» a la hora de entrar en este asunto. Costa indicó que a día de ayer la postura del equipo de gobierno es la misma que el pasado lunes, es decir, que esperarán a que los tribunales se pronuncien respecto al asunto antes de entrar en cualquier otro tipo de valoraciones.