Alavés, Montajes y Realización, una empresa que perdió un contrato de varios millones de euros en el Ayuntamiento de Alicante, ha emprendido una cruzada para denunciar un presunto trato de favor municipal hacia una mercantil, Isjoma S. L, con la que compitió por la adjudicación del servicio de infraestructuras para actividades festivas y culturales del Ayuntamiento de Alicante. Y para ello no sólo recurrió ante el Consistorio dentro del proceso administrativo establecido, sino que también acudió a la Fiscalía Anticorrupción, implicando al menos a un concejal en un presunto soborno para favorecer a un determinada mercantil, según apuntaron fuentes conocedoras del caso.
Ayer, el juez que ya instruye diligencias sobre este asunto citó a declarar al propietario de la mercantil que resultó adjudicataria. El titular de Isjoma compareció en sede judicial durante buena parte de la mañana. El magistrado ha declarado secreto el sumario. Según añadieron fuentes judiciales, la Policía Nacional ha intervenido los ordenadores de la empresa adjudicataria, situada en el polígono industrial de Garachico, junto a Villafranqueza.
En juego había una contrata de seis años de duración, más una prórroga de otros dos, con un presupuesto de licitación de 4,5 millones de euros, sin IVA. La polémica rodeó la adjudicación. Durante el proceso de adjudicación, Alavés trató de convencer a personas vinculadas con el Ayuntamiento de que el servicio que presta su rival -era la anterior adjudicataria del servicio- era deficitario. Isjoma ganó el concurso con una oferta de 3.9 millones de euros, alrededor de 960.000 euros más cara que la presentada por Alavés.
Un representante de esta mercantil no dudaba en mostrar fotografías sobre la forma de trabajar de Isjoma para desacreditar la oferta de su competidor, críticas que se recogen con detalle en estas mismas páginas. De hecho, una vez adjudicado el contrato, Alavés recurrió ante el propio Ayuntamiento y recopiló estas presuntas deficiencias. A tenor de lo ocurrido, su capacidad de convencimiento fue nula.
Atención Urbana
No obstante, la mercantil no arrojó la toalla y se dirigió al fiscal Felipe Briones. Según las fuentes consultadas, la documentación presentada ante el Ministerio Público no reflejaba sólo sus críticas a Isjoma o las serias dudas sobre el decisivo informe de la adjudicación, firmado por el jefe del área de la Concejalía de Atención Urbana. El contrato está gestionado por el área que dirige Andrés Llorens, quien, además, preside la Mesa de Contratación.
Uno de los hechos más llamativos expuestos por Alavés es un presunto soborno que habría aceptado el concejal de Hacienda, Juan Zaragoza, vicepresidente a su vez de la citada Mesa de Contratación. Esta circunstancia motivó que el fiscal Briones citara a declarar al edil el pasado mes de septiembre, comparecencia que no trascendió entonces. Zaragoza estuvo dos horas ante el fiscal, quien le preguntó precisamente sobre si, como defiende la mercantil denunciante, aceptó un reloj de Isjoma como presunta prebenda para que apoyara la adjudicación a favor de esta empresa. Juan Zaragoza rechazó esta circunstancia ante el fiscal.