Aunque el seguimiento no fue ni de lejos el registrado en el primer paro del pasado mes de febrero, la huelga de magistrados sí se hizo notar ayer en las sedes judiciales de Alicante y el resto de la Comunitat Valenciana. Pese a que los pasillos de juzgados y tribunales presentaban un aspecto casi como el de cualquier día, incluso con numerosos juicios celebrándose en el interior de las salas de vistas, lo cierto es que casi la mitad de los togados alicantinos, igual que los del resto de la región, respondieron a la llamada de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y mantuvieron el pulso con el Ejecutivo por la falta de mejoras en la Administración de justicia.
Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la huelga fue seguida por el 46,9% de jueces en la Comunitat. Y, como siempre que hay cifras de por medio, aquí salta la polémica. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por su parte, sostiene en una nota que el porcentaje de magistrados valencianos que no trabajaron ayer en sus juzgados fue del 39,82%, una proporción notablemente inferior a la ofrecida por el TSJCV.
La explicación es sencilla. El CGPJ incluye en sus cálculos a 66 togados de la región que se encontraban «de permiso o enfermos», por lo que difícilmente podrían haber secundado la jornada de paro. Así lo explica el Tribunal Superior en la nota en la que ofrece sus cifras, calculadas «tras descontar del censo total de 457 jueces, los 66 que hoy no se encontraban trabajando».
Lejos del 60%
En cualquier caso, la huelga no puede considerarse precisamente un éxito para la APM. La asociación ni siquiera ha logrado arrastrar a todos sus miembros, si tenemos en cuenta que la agrupación mayoritaria en la carrera judicial tiene alrededor de 200 miembros en la Comunitat. Y el porcentaje queda muy alejado del 60% que registró el paro de hace ocho meses.
El juez decano de Alicante, Juan Carlos Cerón, se reafirmó ayer en que la actual carga de trabajo que registran los órganos judiciales está «muy por encima de lo razonable», por lo que los jueces no pueden «atender como es debido sus juzgados ni dar el servicio que es necesario a los ciudadanos».
Cerón hizo estas declaraciones en rueda de prensa tras la Junta de Jueces y la lectura de un comunicado de apoyo a la huelga convocada por la APM. La movilización, según datos facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), fue secundada por medio centenar de magistrados de Alicante capital y provincia.
Cerón opina que la crisis económica ha empeorado aún más la situación en los juzgados de las diferentes ramas jurisdiccionales -antes era «mala» y ahora es «peor», reseñado- y afirma que el volumen de entrada de los asuntos judiciales es «realmente espectacular», ya que ha aumentado a casi el doble en el último año.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el que fija la carga de trabajo o «módulos» (conjunto de números de casos) que deben asumir los juzgados, según fuentes judiciales. A este respecto, Cerón explicó que el CGPJ establece en «unos 1.200 asuntos» los módulos superiores para un juzgado de Primera Instancia.
Sin embargo, según el juez decano, cada juzgado de Primera Instancia de Alicante acabará este año superando los 2.500 asuntos, «si la progresión sigue como hasta ahora». Cerón expone que la situación es «idéntica» en los juzgados de lo Social y que se produce «prácticamente» un «colapso» en los de lo Mercantil. Agregó que existe «un plan de refuerzo» para los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, donde se señalan juicios para dentro de dos años.
Respecto a los juzgados de lo Penal, el juez decano confirma que hay «listas de espera realmente de meses» por la elevada carga de trabajo, a pesar de «respetarse» los plazos de los juicios rápidos y del «esfuerzo» que se realiza.
En su opinión, «el problema» en la provincia de Alicante reside en «el número de órganos judiciales» existentes en la actualidad, pues la ratio de jueces por habitante es «muy baja respecto a la europea».
También insiste en que seguirán demandando las «carencias materiales y personales», y anunciado que estarán «vigilantes» respecto al «plan que se ha puesto en marcha», en alusión al de Modernización de la Justicia aprobado el pasado mes de septiembre.
Según Cerón, los «servicios mínimos» de la jornada de huelga fueron lo «suficientemente amplios como para que no exista un perjuicio elevado», porque «el servicio de guardia se ha mantenido», «las causas con presos se han celebrado» y «las medidas cautelares se han atendido», a pesar de lo cual ha habido «alguna suspensión».
«Es evidente que las cifras son muy inferiores a las de febrero», confesó ayer en rueda de prensa Francisco Silla, portavoz de APM en la Comunitat. «La huelga no es un fin en si mismo. Es un acto de protesta para hacernos visibles, recuperar la dignidad en la Administración de justicia y dar a la ciudadanía el servicio que se merece», apostilló el decano de Valencia, Pedro Viguer, también presente en la comparecencia.
Otra conclusión a la que se puede llegar tras la protesta es que las otras tres asociaciones (Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) han dado claramente la espalda a la APM. Ya lo hicieron al decidir no secundar el paro, pero lo confirmaron ayer, pues las cifras permiten suponer que prácticamente ningún miembro de estas entidades dejó de trabajar.
«Es incoherente que las dos asociaciones que convocaron la huelga de febrero no se hayan sumado hoy, cuando no se mejorado ni un ápice la situación. Me hubiera gustado una mayor unidad asociativa», lamentó Viguer. Precisamente, las otras entidades pidieron ayer recuperar la unidad de acción.
