La subdelegada del Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, ha informado hoy de que ya han comenzado los trámites con el cónsul de Argelia para la expulsión de los 28 inmigrantes que llegaron ayer en cuatro pateras a la costa de Santa Pola y a la isla de Tabarca.
Tras guardar cinco minutos de silencio por el último caso de violencia machista ocurrido ayer en San Fulgencio (Alicante), Llinares ha precisado que anoche "a última hora" se detuvo a una persona más, por lo que la cifra de inmigrantes detenidos, "al parecer argelinos", asciende a 28, tres de ellos, menores de edad.
Estos interceptados está previsto que ingresen en centros de internamiento para inmigrantes, concretamente "uno irá a Valencia y otros a Barcelona".
La Guardia Civil y la Policía Nacional mantienen el dispositivo de búsqueda activado por si se encontraran a más inmigrantes, aunque se estima que los 28 detenidos "son casi todos los que llegaron".
Sobre la eficacia del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), ha admitido que "en algún caso el radar no detectó la embarcación en el agua, pero sí en la orilla" antes de añadir que este costoso instrumental ha sido "fundamental" y "cumplió con su objetivo" en la detención de los inmigrantes.
Para la subdelegada, "cuando alguien pretende entrar ilegalmente el objetivo es detenerlo y que sepa que va a ser devuelto a su país de origen".
La subdelegada ha indicado que no tiene constancia de si las embarcaciones fueron botadas desde un buque nodriza, puesto que esto se trata únicamente de una "hipótesis".
Por otro lado, ha lamentado las "declaraciones de los conseller de Inmigración (Rafael Blasco) y de Gobernación (Serafín Castellano)" de la Generalitat Valenciana sobre la llegada de estas embarcaciones, al creer que "intentan sacar un rédito político de un drama como es la inmigración, cuando ellos saben que el Gobierno está actuando".
Asimismo, ha explicado que desde 2005 el Gobierno central tiene un convenio con las diferentes comunidades autónomas para la integración de los inmigrantes y para ofrecerles apoyo educativo.
Concretamente, ha señalado que desde su creación, el Ejecutivo ha remitido a la Comunitat un presupuesto total de 106 millones de euros.
En este sentido, Llinares ha instado a los responsables políticos del Consell a ser "más serios, más rigurosos y más sensibles cuando se habla de personas que se juegan la vida".
