EL DATO
En pleno debate sobre la alta morosidad que soportan las pymes y, en general, los profesionales por la venta de bienes y servicios a terceras personas, un informe de una multinacional experta en gestión de crédito y cobro tumba la supuesta fama de mal pagadores de los empresarios alicantinos. Antes bien, los sitúa, junto a los de Valencia, en la cabeza del ránking por su óptimo comportamiento de pago.
Este estudio, de intrum-justitia, asegura que en la Comunidad Valenciana se concentran el 11% de las empresas españolas y sólo el 8% de los impagos. A continuación, se colocan las empresas de Galicia y País Vasco, donde también hay formalidad en el pago a terceras personas.
En el lado opuesto de la balanza, Cataluña, donde se concentran el 24% de los impagos de toda España, pese a que polariza el 18% de las pymes. A continuación, se sitúan los empresarios andaluces, que tampoco son duchos a la hora de rascarse el bolsillo para pagar en el tiempo y forma previamente acordados.
Este estudio clasifica a los diferentes tipos de deudores a través de siete familias distintas a partir de los datos recopilados desde principios de año. El estudio del perfil de cada familia deudora se realiza en base a dos variables principales: la capacidad financiera y el grado de voluntad de colaboración para regularizar sus impagos.
'Expertos'
Del estudio de intrum-justitia se deriva una conclusión cuanto menos llamativa. En Alicante y la Comunidad Valenciana la familia de consumidores que más destaca es la de morosos expertos «caracterizada por la existencia de una estrategia premeditada de impago». En España, la familia que predomina es la de los morosos sinceros.
Las empresas de la Comunidad Valenciana que más destacan son las de especialistas, mientras que en España son las selectivas. La diferencia es notable y nada baladí, según esta consultura multinacional. Las empresas especialistas en morosidad, dominantes en la Comunidad Valenciana, retrasan el pago de sus facturas de modo habitual y no cumplen sus promesas de pago. Normalmente, esperan hsta final de mes, crean dispustas sistemáticamente o cambian las condiciones de pago en el último momento con tal deno cumplir con los tiempos. En España, en cambio, la empresa selectiva en el pago es la que más abunda. Se caracteriza por escoger la prioridad y orden de las facturas a pagar. Así, paga en primer lugar las facturas de los proveedores que considera estratégicos para su actividad, en segundo lugar los proveedores que pueden afectar a su imagen y en último lugar las facturas se suministros básicos como agua, luz y teléfono.
Este estudio genera no poca sorpresa en la patronal de pymes de la provincia y de la Comunidad Valenciana, Capyme y Cepymeval, cuyo presidente, el epresario alicantino Juan José Sellés presentó en la junta directiva de hace unos días un informe sobre la necesidad de exigir un urgente cambio normativo sobre la morosidad en España. Las pymes de la provincia, especialmente afectadas por la morosidad, quieren reducir los plazos de pago (el promedio está en 30 días, aunque los denominados 'pactos en contrato' permiten una ampliación). En muchos casos, están abocadas al cierre, según Sellés, sobre todo en las empresas de menor dimensión y estructura financiera.
La morosidad en Alicante es directamente proporcional al aumento de la restricción crediticia que sufren las pymes. Así lo ha hecho constar esta semana el lobby Ineca, dependiente de Coepa. Cepyme también atribuye el aumento de la morosidad a la genealizada caída de pedidos a las empresas.
Por ello, las pymes reivindican una limitación de los plazos de pagos «en sintonía con la media de la UE», así como establecer garantías que aseguren los pagos y «agilizar los procedimientos judiciales de cobro». Las pymes de la Comunidad consideran «imprescindible» modificar la Ley 3/2004. Hace más de un año que lo están reclamando las patronales del metal, entre ellas la alicantina Fempa, un sector especialmente abocado a la morosidad, como hizo saber su presidente, Guillermo Moreno, el pasado mes de julio en la inauguración de la nueva sede patronal de Aguamarga y ante el ministro de Industria, Miguel Sebastiá.
Cepyme cree que la vigente ley contra la morosidad no resuelve el problema ni entre las empresas ni entre éstas y las distintas Administraciones públicas.
La normativa vigente prevé un plazo de 30 días, si bien la demora puede alargarse al acogerse a la excepción de «salvo pacto en contrato». Los empresarios reclaman que se anule este párrafo y se limite el plazo máximo a 60 días
