La Subdelegación del Gobierno quiere un plan de seguridad escolar más ambicioso que el desarrollado durante los dos últimos años. Para ello, se ha propuesto implicar a la comunidad educativa en estas funciones, empezando por los propios padres de los alumnos.
La subdelegada, Encarna Llinares, anunció ayer su apuesta por involucrar al máximo también a los responsables de los centros, así como a los ayuntamientos de cada municipio. El papel de las corporaciones locales se antoja clave, ya que se busca que éstas convoquen sus juntas de seguridad para «impulsar y coordinar el plan de seguridad escolar en todos los municipios de la provincia», según expuso la propia Llinares.
Desde la puesta en marcha de esta iniciativa, los colegios e institutos en los que se han realizado servicios de vigilancia suman 823, 327 de ellos durante el último curso, según fuentes de la Subdelegación. Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional han ofrecido, desde septiembre del 2007, 258 charlas a estudiantes sobre temas relacionados con la seguridad, en las que también se les ha hecho ver la importancia de denunciar cualquier acción delictiva de la que uno sea testigo y de colaborar con las fuerzas del orden.
Asimismo, los agentes han mantenido 382 reuniones con personal docente y de las asociaciones de madres y padres de alumnos (Ampas), y han completado 84 actividades complementarias, como exhibiciones, jornadas de puertas abiertas, exposiciones o visitas a sedes policiales, según detalla la Subdelegación. Dentro de este plan, los policías y los guardias civiles han alcanzado casi 3.000 servicios de vigilancia.
«A lo largo del curso 2009-2010 que ahora se inicia la Subdelegación del Gobierno va a potenciar este plan a través de las juntas locales de Seguridad para implicar al máximo a los ayuntamientos, a los responsables educativos y a los padres y madres en una labor conjunta de prevención en cuestiones como el acoso escolar, las bandas juveniles o el consumo de drogas, y dar una respuesta integral a los problemas de seguridad que afectan a los menores», reflexiona Llinares. La experiencia del último año muestra que el dispositivo especial se aplicó en 327 centros, con 340 reuniones y actividades informativas.
