El vicepresidente tercero de la Generalitat Valenciana y conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, dijo ayer que las últimas declaraciones procedentes de Castilla-La Mancha sobre la posibilidad de eliminar del Estatuto de Autonomía la caducidad del trasvase Tajo-Segura «se deben transformar en una propuesta concreta por escrito, que sea aprobada en el Congreso de los Diputados».
El representante del Gobierno autonómico argumentó que el Estatuto de Castilla-La Mancha no debería hacer referencia a este trasvase, «puesto que una ley orgánica no puede condicionar el reparto de agua, ya que el equilibrio entre cuencas excedentarias y deficitarias es competencia del Estado». Cotino insistió en que «un hipotético fin del trasvase Tajo-Segura generaría la pérdida de miles de puestos de trabajo en la Comunitat Valenciana, y en concreto en la provincia de Alicante, lo que sería una barbaridad».
El vicepresidente Juan Cotino mantiene que «no se pueden poner plazos a la cesión de aguas entre ríos porque el agua es un bien común que debe ser administrado solidariamente».
En este sentido, incidió en la «solidaridad que históricamente ha caracterizado a la Comunitat Valenciana» y reivindicó del resto de autonomías que «apliquen el principio de solidaridad y justicia distributiva en el uso de un bien tan escaso en nuestro territorio».
Por otra parte, Cotino informó de que el Gobierno se ha comprometido a revisar los borradores de los decretos que modifican el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas y el Consejo del Agua. Cotino, según fuentes de la Generalitat, se reunió ayer con el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu para trasladarle las principales reivindicaciones de la Comunitat Valenciana en materia hídrica y medioambiental.
Alegaciones
Tras la reunión, el vicepresidente señaló que el Ministerio se ha comprometido a estudiar las alegaciones presentadas por la Conselleria a los borradores de decreto, con los que se pretende modificar el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas, así como la composición del Consejo del Agua de la Demarcación, y en concreto la del Júcar.
En este sentido, se han emplazado a una próxima reunión, que se celebrará en el plazo de dos meses, una vez los servicios jurídicos del Ministerio hayan estudiado las propuestas de la Comunitat Valenciana.
Cotino insistió en que si el decreto sobre demarcaciones hidrográficas «viera la luz en los términos que actualmente está se fragmentaría el ámbito histórico de la estructura del agua en la Comunitat que funciona desde hace más de 100 años», lo que haría «todavía más difícil administrar los recursos existentes».
El conseller trasladó a Puxeu la necesidad de que el Ministerio se implique realmente en resolver, a través de actuaciones concretas, el déficit hídrico que afecta a la Comunitat Valenciana, lo que a su juicio pasa por «la ejecución del trasvase del Ebro».
