Siempre es complicado encontrar un buen momento para dejar de fumar. Cuidar la salud debería ser suficiente, pero las estadísticas demuestran que no lo es. Los datos del Comisionado del Mercado de Tabacos muestran que las ventas se mantienen. En el año 2007 se vendieron en la Comunitat 568 millones de cajetillas. Al cierre de 2008, el dato era similar. Apenas 353.000 cajetillas menos. Una cifra prácticamente irrelevante cuando se manejan estadísticas de nueve dígitos.
Ni la ley antitabaco, que llegó en los inicios de 2006, ni la crisis económica, ni el incremento del precio de la cajetilla en los últimos años ha hecho que descienda el número de fumadores. O al menos la cantidad de tabaco que consumen. Sólo el año 2006 supuso un descenso considerable en la venta de tabaco. Entonces, la disminución fue de 24 millones de unidades. Fue el boom de la ley. Luego, se apagó. Al año siguiente subía otros tres millones.
Y esto únicamente respecto al clásico paquete de 20 cigarrillos. Porque paralelamente se ha producido otro fenómeno que indudablemente sólo se puede atribuir a la crisis económica: un notable aumento de la venta de tabaco de liar.
Laura es de las que alterna la compra de la cajetilla con la conocida como picadura. «Sí, lo hago desde hace tres meses porque te ahorras dinero», admite sin ambigüedades. «Por unos cuatro euros, la bolsa me dura unas dos semanas. Además, creo que es algo más sano que el otro. Tiene menos sustancias tóxicas».
Aumento notable
Y en este apartado, las ventas se han disparado. Las estadísticas de 2007 mostraban que se habían vendido 13 millones de bolsas y latas de tabaco de liar. En 2008, ya eran 22 millones. El presente ejercicio -hasta julio- confirma la tendencia: ya se han vendido 200.000 kilos más que el año anterior.
Desde el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo matizan el alcance de estas cifras. Su presidente, Rodrigo Córdoba, asegura que el 36% de las ventas corresponden a turistas. Este dato puede tener todavía mayor peso en la Comunitat, región que recibe cada año millones de visitantes.
Ante este panorama el Gobierno ha anunciado que se prohibirá fumar en bares y restaurantes. El objetivo es proteger a quienes no fuman y reducir a la vez el número de fumadores cuyo coste sanitario es elevadísimo.
Pero el anuncio de este ajuste de tuercas a la normativa actual se produce justo a los tres años de entrada en vigor de la ley antitabaco. Ya entonces se apuntó la posibilidad de que aquello sólo era el principio, una prohibición en dos fases para hacer menos traumático el cambio.
Desde el CNPT valoran el cambio que supuso a la normativa. «De 2006 a 2007 se produjo un descenso en el consumo superior al 12%», sostienen. Pero admiten que queda mucho por hacer. Y a la hora de buscar culpables dirigen su crítica hacia el sector de la hostelería. «Es que el hecho de que se siga fumando ahí afecta al resto de sectores». Con la llegada de la ley antitabaco, los locales de la Comunitat tuvieron que elegir. Si tenían menos de 100 metros o dejaban fumar -como hasta la fecha- o lo prohibían totalmente. El 90% de los locales optó por la primera de las opciones.
El resto si quería contentar a los fumadores tuvo que acometer reformas. Los locales dividieron su espacio o instalaron purificadores. La federación de hostelería calcula que uno de cada cuatro de estos locales se vio obligado a introducir reformas. El coste varía, pero oscila entre 5.000 y 10.000 euros, según indicaron recientemente fuentes del sector. Rodrigo Córdoba no da importancia a este gasto. Es más, pide al sector de los hosteleros que no utilice este argumento. «Tan sólo entre el 1% y el 3% de todos los establecimientos hizo reformas». Y añade que la Comunitat no fue una de las regiones más destacadas.
Desde enero de 2007 hasta el pasado mes de marzo, la Conselleria de Sanidad apenas ha impuesto sanciones por infracciones a la ley. Sólo 413 pese a que la Comunitat cuenta con más de 40.000 establecimientos.
Ese era el número de expedientes resueltos, lo que implicaba alguna resolución judicial, según explicaron desde el departamento autonómico. No obstante, las denuncias superaban ampliamente el millar, casi 1.300. La mayoría fueron realizadas a instancias de parte, es decir, por algún ciudadano o cliente del establecimiento
Los hosteleros consideraron el escaso número de sanciones como señal del buen cumplimiento de la norma por parte del sector.
