LA SUBVENCIÓN
Organizaciones de padres, la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada y la Unió de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes arremetieron ayer contra la Conselleria de Educación por rebajar las ayudas prometidas a las familias con hijos de hasta tres años escolarizados.
La medida afecta a más de 25.000 alumnos, según las guarderías, y supondrá un sobrecoste mensual para los padres de hasta 67 euros por niño.
La Conselleria de Educación ha dejado el bono mensual de escolarización en 228 euros para los bebés recién nacidos hasta los de un año de edad, cuando el pasado 14 de abril se anunció que la cuantía ascendía a 295 euros, la misma que el curso pasado.
Los padres de los niños de uno a dos años recibirán 140 euros como ayuda para llevarlos a la guardería, cuando lo prometido eran 181 euros. La subvención para los de dos a tres años se queda en 92 euros, a pesar de que el compromiso adquirido era el de dar 120 euros.
La Conselleria ha dedicado todo el dinero que tenía disponible a subvencionar a aquellos niños que se matricularan hasta el pasado mes de julio, con lo que los padres que optaron por llevar a la guardería a sus hijos posteriormente no percibirán ni un céntimo durante este curso.
Gemma Piqué, presidente de la FAPA (Federación de Padres de Alumnos de la Comunitat), lamentó la rebaja aplicada por la Conselleria. «El bono de escolarización infantil tan publicitado por el conseller Alejandro Font de Mora, no cubre los gastos que los padres y madres tienen que afrontar para educar a sus hijos, como ya ocurrió con el bono libro de la desilusión», denunció Piqué.
La federación de padres criticó que la Consellería de Educación no realice una previsión de las subvenciones con tiempo «y que deprisa y corriendo publique una orden en la cual sólo se ha incrementado la ayuda un 6% más respecto al año pasado», a pesar de que ha habido « más de 5.000 nuevas matrículas»
La presidenta de FAPA lamentó que la Administración valenciana «disfrace la gratuidad de la enseñanza con subvenciones a escuelas privadas» cuando la educación pública es un derecho fundamental «y debe ser gratuita». Por ello reclamó la puesta en marcha de una red de centros públicos para niños de cero a tres años.
La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza (ACADE) se mostró indignada por la reducción de la cuantía del bono y anunció que los centros de educación infantil «se verán obligados a aumentar el importe de las plazas»
