PROVINCIA ALICANTE
«Somos muy conscientes de la situación y no queremos cerrar industrias, ni mucho menos», explica la directora Gema Gómez
Dos personas salen de la oficina principal del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Alicante, el organismo que gestiona las pensiones, que también paga la Tesorería General. / ÁLEX DOMÍNGUEZ
La tan cacareada falta de liquidez por las restricciones crediticias de la banca afecta al sector privado y al sector público. En este último caso, con más rigor en el caso de la Tesorería General de la Seguridad Social, el organismo que depende del Ministerio de Trabajo y que gestiona la caja común que sirve de protección al conjunto de trabajadores, de parados y de pensionistas. Esa ausencia de dinero contante y sonante es la que ha disparado en el primer trimestre del año los aplazamientos de pago de las empresas de sus obligaciones con la Tesorería. A saber, las cuotas patronales, porque las obreras y las de accidentes de trabajo son de obligado cumplimiento. Con o sin crisis.
En el año 2008 se acogieron a esta fórmula de flexibilización del pago de las cuotas patronales 750 empresas alicantinas. En el primer trimestre del año, la cifra se ha disparado un 70%, según explicó ayer a este diario la directora provincial del organismo dependiente de Trabajo, Gema Gómez Magraner. El número de mercantiles con trabajadores a cargo que han optado por esta fórmula para posponer el pago dos o tres años, según los casos, roza ya las 1.400. La cifra podría incluso verse superada en el primer semestre, cuando estén los datos oficiales disponibles, ya que hasta ahora sólo ha transcendido la estadística del primer cuatrimestre.
Este sistema, para aliviar la tesorería de las empresas, con carga financiera para la propia Administración laboral, no es nuevo. Pero su uso se ha multiplicado a la misma velocidad con que arreciaba la crisis financiera internacional y nacional desde que quebró, en septiembre del pasado año, el banco americano Lehman Brothers.
La máxima responsable de la Tesorería en Alicante, Gema Gómez Magraner, lo explica de forma muy gráfica: «Nosotros somos muy conscientes de la situación financiera existente, por eso fomentamos el uso del instrumento que tenemos para regularizar los pagos, porque no queremos cerrar, ni mucho menos, las empresas».
Alude al aplazamiento de pago o «digerimiento de cuotas» que puso en marcha hace ya meses la Tesorería General de la Seguridad Social a nivel de toda España y que ha permitido aliviar la situación a un sector estratégico, el del transporte de mercancías por carretera, especialmente atacado, primero por el encarecimiento del petróleo y, después, por el parón económico y la crisis bancaria.
Ni la obrera ni accidentes
La legislación vigente sólo permite aplazar el pago de la cuota empresarial. No así la obrera ni la de accidentes de trabajo, que sí son ingresadas directamente por las empresas en activo. Con crisis o sin ella. Pero el alivio es notable. Cuando la cantidad aplazable es de menos de 90.000 euros, la oficina correspondiente tiene facultad discrecional. En el caso de cantidades superiores a 90.000 euros, es la dirección provincial la que asume esa potestad. En cantidades por encima de 600.000 euros, la decisión corresponde a los servicios centrales de la Tesorería en el Ministerio.
El organismo es consciente de que está repuntando la economía sumergida en la provincia como consecuencia de la crisis económica, tal y como viene informando este diario tras hacerse eco de los planes de la Inspección de Trabajo y de las voces sindicales que hablan de este fenómeno, endémico por otra parte en algunos sectores alicantinos. Evitar que siga al alza este fenómeno y a la baja la cifra de códigos de cuentas de cotización (empresas con empleados que cotizan a la Seguridad Social) es uno de los principales objetivos de la fórmula del aplazamiento de pagos de cuotas.
La cifra de códigos de cuenta de cotización ha experimentado en los últimos dieciséis meses la mayor caída de la historia en Alicante. Se ha pasado de 69.277 empresas con trabajadores a cargo en alta en enero del 2008 a 61.066 en abril del año 2009.
Ahí reside también el trabajo del Observatorio del Fraude en el ámbito de la Seguridad Social, un proyecto conjunto de la Tesorería y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que en Alicante ha empezado ya a funcionar. En noviembre del año 2007 se celebró una primera reunión informativa con agentes sociales. Pero no es hasta el pasado 12 de mayo cuando se celebra una nueva cita con una concreta hoja de ruta: la patronal Coepa, la de pequeñas empresas Cepyme y los sindicatos CC OO y UGT se comprometieron en dicha reunión a remitir un informe sobre el fenómeno de la economía sumergida en Alicante antes del próximo 30 de junio a la dirección provincial de la Tesorería, según explicó ayer Gómez Magraner a La Verdad.
Este observatorio tiene previsto recabar la «máxima colaboración» de los agentes sociales. En una palabra, que los sindicatos y la propia patronal denuncien, alerten o delaten aquellos casos de fraude laboral que detecten o tengan sospecha a través de sus propios delegados o afiliados.
La directora provincial de la Tesorería aclara, en contra de lo que por error publicó este diario hace unos días, que las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado no están representadas en este Observatorio del Fraude, ni directamente ni a través de la Subdelegación del Gobierno, al revés de lo que ocurre en la comisión ejecutiva de la Seguridad Social y en la comisión provincial de Extranjería y del Contingente.
No obstante, los propios inspectores y subinspectores de la Seguridad Social sí se hacen acompañar, en algunas ocasiones y en campañas específicas como la de hostelería, durante el verano, por agentes de la Policía Nacional o Guardia Civil. No ha sido rara esta colaboración en inspecciones específicas en clubes de alterne, discotecas y pubs.
Los sindicatos CC OO y UGT alertaron el pasado viernes de que Alicante lideró en el año 2008 el empleo sumergido aflorado por la Inspección de Trabajo. Hace al menos 3 años que viene siendo así.
La Seguridad Social logra recuperar, gracias al trabajo de los inspectores y subinspectores, la cifra nada desdeñable de 32 millones de euros en cuotas de altas que son promovidas directamente por ellos y que de otra forma no existirían.
