La memoria anual correspondiente al 2008 presentada ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) dibuja un presente y un futuro muy negros para los órganos judiciales debido a la influencia de la crisis.
Si el año pasado la atención se centró en las sentencias sin ejecutar en el ámbito penal, conmocionada como estaba la sociedad española por el crimen de la niña onubense Mari Luz, en esta ocasión la gran preocupación reside en las jurisdicciones directamente relacionadas con los asuntos económicos: Mercantil, Civil y Social.
En la primera llama la atención el incremento del 200% registrado en el número de concursos de acreedores (quiebras empresariales) tramitados por los dos juzgados con que cuenta la provincia y que llegaron a 195. Se calcula que la provincia tendría que contar con otros dos juzgados especializados en las antiguas suspensiones de pagos, aunque uno de ellos ya está previsto este año con sede en Elche.
El presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, califica las cifras de los Juzgados de lo Mercantil de «espectaculares e inauditas». En líneas generales, el aumento de la litigiosidad ha sido considerable, un 6,76% en toda la Comunidad con respecto al año anterior, al alcanzarse 1.221.732 asuntos. Cada magistrado asume, por tanto, una media de 2.429 casos al año.
Esa sobrecarga de trabajo obliga a su juicio a crear al menos 107 nuevos órganos judiciales, algo más de un tercio de ellos en Alicante, y a replantearse la Ley de Planta Judicial (distribución de juzgados en el territorio).
De la Rúa también se refirió ayer a la necesidad de llegar a un «Pacto de Estado» para «emprender de manera definitiva la modernización de la justicia» y que se pueda dar una «salida eficaz y continua». Apoyó tácitamente las reivindicaciones de la magistratura, incluida la huelga prevista por las cuatro asociaciones profesionales que la representan para el próximo 26 de junio.
Lo peor es que los datos recabados en el 2009 apuntan a que ese colapso va a aumentarse. No en vano, durante el primer cuatrimestre el ingreso de asuntos ha crecido un 37,4% con respecto al mismo periodo del 2008.
En la jurisdicción civil, que resuelve los conflictos entre particulares, los juzgados de Primera Instancia ingresaron 70.605 asuntos, 20.933 más que en el año anterior, lo que implica un incremento del 42,14%, mientras que en los mixtos (asumen también materia penal) el aumento se situó en el 40,53%.
También ha sido «nefasta» la incidencia de la actual recesión en los Juzgados de lo Social. Para De la Rúa, «si no se adopta algún tipo de medida paliativa, se colapsará este orden jurisdiccional al que afecta una materia de singular trascendencia por incidir directamente en las necesidades vitales de las personas».
En la provincia de Alicante las demandas en este ámbito, sobre todo los despidos, han aumentado de media un 30% al situarse en más de 10.500.
El Tribunal Superior estima que deberían crearse tres juzgados más de esta especialidad, el octavo en la capital, el cuarto en Elche y el tercero en Benidorm.
En materia penal, la situación no ha mejorado demasiado respecto a la que motivó una profunda reflexión y debate tras la muerte de Mari Luz. El TSJ cree que Alicante debería contar con 13 Juzgados de lo Penal, frente a los siete actuales, Benidorm con cuatro en lugar de tres, y Torrevieja con un segundo órgano.
De la Rúa aboga por su comarcalización, lo que permitiría disponer de ellos a ciudades como Alcoy, Novelda, Elda o Dénia.
Respecto a los juzgados de Violencia sobre la Mujer, los asuntos aumentaron cerca de un 30% en Alicante al pasar de 6.700 en el 2007 a 8.642 en el 2008. El responsable del alto tribunal insiste, una vez más, en que se creen órganos exclusivos dedicados a este tipo de fenómeno delictivo para proteger a las víctimas.
Pero no todas las noticias son negativas. El Registro Civil, un servicio que en Alicante estaba colapsado absolutamente hasta la creación de un segundo juzgado, ha mejorado por la digitalización de los libros y el uso de Internet.