Luis Castillo deberá aclarar a finales de este mes a la juez Cristina Costa Hernández qué pasó con los dos turismos Skoda Octavia que compró hace más de ocho años cuando presidía el Consejo de Administración del Lucentum. La magistrada lo ha citado a declarar como imputado por un delito de apropiación indebida tras la denuncia presentada por los actuales dirigentes de la entidad, según ha podido saber este diario a través de diversas fuentes próximas a la investigación.
Los actuales presidente, vicepresidenta y secretario de la sociedad, Miguel Cano, María José Paton y Eduardo García Domenech, respectivamente, comparecieron a mediodía de ayer en presencia de la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Alicante para ratificar su denuncia y aceptar el ofrecimiento de acciones que ésta había realizado previamente a la sociedad.
Durante 50 minutos, aproximadamente, la magistrada solicitó de los representantes del consejo del club diversas precisiones. Les preguntó si existe alguna factura, justificante o apunte de contabilidad que avale la venta de los vehículos y ellos contestaron que no.
Cano, Paton y García Domenech detallaron ante la juez el contenido de los documentos que el club había adjuntado a su denuncia, que el consejo interpuso en enero de este año.
«El club se siente perjudicado directa e indirectamente por estos hechos», aseguró a La Verdad el abogado de la sociedad anónima deportiva, José María Orellana Pizarro.
A la salida de su declaración, Cano quiso aclarar que tanto él como sus compañeros de directiva habían comparecido en representación del consejo y no a título personal.
No obstante, rehusó realizar más comentarios a fin de no entrar en un cruce de declaraciones con el propio Luis Castillo.
Mientras los miembros del consejo hablaban con la juez, el denunciado asistía en el Museo Arqueológico Provincial (MARQ) a la presentación de una exposición que inaugura hoy la Reina.
Como ya publicó este periódico el pasado martes, el Lucentum decidió denunciarle, y ejercer a partir de ahora la acusación particular en el procedimiento, porque los coches no sólo no le reportan beneficios sino que le están costando dinero.
El pasado mes de noviembre, uno de ellos, con matrícula 2406, se empotró contra unos maceteros municipales en una calle de la localidad murciana de Los Alcázares. Lo conducía un ciudadano chileno que fue detenido por la Guardia Civil por un delito contra la seguridad vial y amenazas de muerte contra los agentes.
El club, que sigue siendo el propietario de los coches y pagando los correspondientes impuestos pese a no tener noticias de uno de ellos, fue citado por un magistrado de San Javier para que compareciera en el juicio rápido contra el conductor en calidad de responsable civil de los daños.