PROVINCIA ALICANTE
Rechaza una denuncia por la ejecución de Primo de Rivera y contra Carrillo
Acusa al denunciante de rozar el «fraude procesal» por calcar un auto de Garzón
01.04.09 -
El juez Jesús Gómez-Angulo ha rechazado en un auto investigar una denuncia por el fusilamiento del líder de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, y la llamada matanza de Paracuellos del Jarama al considerar que los crímenes cometidos durante la Guerra Civil o han prescrito o bien no pueden ser perseguidos debido a la Ley de Amnistía de 1977.
En su resolución, fechada el pasado enero y facilitada ahora a este diario por el TSJ, el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Alicante se hace eco de los argumentos de la Fiscalía. Además, acusa al denunciante, un abogado madrileño, de «rozar el abuso de derecho y el fraude de ley procesal» al calcar en el escrito que presentó ante el juzgado de guardia el pasado 31 de octubre el auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en relación a la desaparición de 114.266 personas entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951.
La denuncia iba dirigida contra Francisco Largo Caballero, presidente del Consejo de Ministros durante la República entre el 4 de septiembre del 36 y el 17 de mayo del 37, en relación al fusilamiento de Primo de Rivera.
El líder de la Falange fue ejecutado el 20 de noviembre del 36 en Alicante al término de un procedimiento judicial celebrado en la Audiencia de esta provincia.
Según el juez Gómez-Angulo, el dato del fallecimiento de Largo Caballero, acaecido en París en 1946, «no es sólo conocido y mencionado por el denunciante, sino que, como dato histórico incontestable es notorio y no necesitado de prueba, por lo que la extinción de cualquier hipotética responsabilidad criminal exime de la tramitación de procedimiento penal alguno».
Pero el letrado madrileño también pedía investigar a Santiago Carrillo, ex secretario general del PCE y oficial del bando republicano, por los sucesos de Paracuellos, para lo que adjuntaba un listado con un listado con los nombres de 4.750 religiosos y falangistas supuestamente asesinados en Madrid durante la Guerra Civil.
En este caso, el magistrado recuerda que el denunciante asume que la relación del ex dirigente comunista con esas muertes en Alicante es «nula». Es más, reconoce que ya interpuso diversas acciones penales que también fueron rechazadas.¡.
«Por último, es obvio que el escrito de querella es un burdo remedo del auto del Juzgado Central de Instrucción 5 publicado por la prensa en fechas coetáneas a la presente denuncia, si bien con un sentido y orientación totalmente distinto», prosigue el juez Gómez-Angulo.
Todas esas circunstancias le llevan a acusar al abogado de rozar «el abuso de derecho y el fraude de ley procesal», así como a resolver la no admisión de la denuncia por supuestos delitos de genocidio, asesinato, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
