PROVINCIA ALICANTE
Un informe del Defensor del Pueblo aludía a deficiencias en las condiciones de seguridad y conservación de L'Olmet
10.02.09 -
Acceso al centro de menores L'Olmet/ P. UCLÉS
La Fiscalía de Menores ha llegado a la conclusión preliminar de que el centro de protección de menores L'Olmet de Elche no ha incurrido en irregularidades en el trato a los chavales bajo su tutela. Un informe del Defensor del Pueblo indicaba que esta institución ilicitana presentaba deficiencias en sus condiciones de seguridad y mantenimiento, por lo que la Fiscalía decidió investigar de oficio estos hechos, a la vez que la Conselleria de Bienestar Social abría su propio expediente informativo.
El trabajo del Ministerio Público, a falta de que las conclusiones se plasmen por escrito, indica que no hay nada censurable en la atención que presta el centro, aunque sí propone ciertos cambios, según explicaron ayer fuentes de la Fiscalía. En concreto, se echa en falta una regulación específica y se sugiere que el centro pase a ser de formación especial, en lugar de centro de acogida para más de ocho personas, como está catalogado en la actualidad. De ese modo, habría una supervisión judicial en cada nuevo ingreso, de acuerdo con las fuentes consultadas.
La Fiscalía constató, en la visita de varias horas que hizo a L'Olmet el coordinador de la sección de Menores, un reglamento más severo de lo que es habitual en este tipo de complejo. No obstante, las mismas fuentes aclaran que esas normas cuentan con la preceptiva autorización, puesto que se trata de jóvenes que presentan trastornos de la conducta y sociales.
El fiscal coordinador de Menores, Carlos Ferreirós, se entrevistó el pasado viernes con los chavales bajo custodia de L'Olmet y también con el personal. Los menores trasladaron algunas peticiones a Ferreirós, como que se subsanen supuestas deficiencias en el sistema de calefacción, que el representante del Ministerio Público hará llegar ahora a la Generalitat Valenciana.
La dirección de L'Olmet prestó total colaboración en la investigación de oficio, no penal, llevada a cabo por la Fiscalía, de acuerdo con los testimonios reunidos por este diario. De ella se desprende que los hechos denunciados por el Defensor del Pueblo no alcanzan la misma gravedad en el centro ilicitano que en otros, caso de Castellón y Madrid.
