PROVINCIA ALICANTE
La Justicia en la provincia de Alicante es un auténtico polvorín. Su situación es peor que la de las demás provincias de la Comunidad Valenciana y mucho más paupérrima que en el resto de España. Apenas 8,8 jueces por cada 100.000 habitantes (la media valenciana es de 9,2, la de España es del 10,1 y la de la Unión Europea de 19,8) deben hacer frente a 400.000 causas anuales, de las que unas 100.000 quedan pendientes de resolver cada ejercicio, según los datos del Poder Judicial.
La crisis económica ha agudizado los problemas endémicos y estructurales que arrastran los juzgados y tribunales alicantinos. Durante los diez primeros meses del 2008, en el partido judicial de la capital, los juicios por impago de letras se han incrementado un 158% y los de ejecución de hipotecas un 69% con respecto al mismo periodo del 2007.
Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo están ya señalando vistas orales para el 2010 y el 2011. Los litigios empresariales en los dos Juzgados de lo Mercantil casi se han duplicado en menos de una año. La sobrecarga de trabajo en los Juzgados de lo Penal, con cerca de 20.000 sentencias pendientes de ejecución, ha provocado ya en algunos lugares una auténtica desbandada de funcionarios fijos a otras jurisdicciones. Faltan estanterías y fotocopiadoras, los ordenadores, cuando el sistema no se cuelga, se han quedado anticuados....El panorama se revela desolador, catastrófico y ha servido como espoleta de la revuelta de jueces y secretarios tras las sanciones por el caso Mari Luz.
En su última memoria anual, la correspondiente al año 2007, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV) ya alertaba de la necesidad de modificar la planta judicial y adaptarla a la nueva realidad socioeconómica de la región.
Los artículos 29, 1 y 35, 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establecen que la planta y las demarcaciones serán revisadas al menos cada cinco años, pero «no se ha llevado a efecto en ninguna ocasión, de modo que se está operando mediante actuaciones parciales en función de necesidades cuando se ofrecen ya como exigencia ineludible y respondiendo a criterios no siempre objetivos», sostiene el presidente del TSJ, Juan Luis de la Rúa.
La Comunidad Valenciana ha experimentado un crecimiento en los últimos cinco años superior al millón de habitantes, lo que ha situado su población en prácticamente cinco millones de personas, dos de éstos en la provincia de Alicante.
Además, tal y como avisaba de la Rúa, registra una «recepción migratoria con vocación de permanencia» y unos veinte millones de turistas al año.
En cambio, el informe La Justicia dato a dato, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, reflejaba que la Comunidad Valencia era en el 2007 la tercera autonomía con menos jueces por cada 100.000 habitantes, sólo superada por Murcia y Castilla-La Mancha, y la tercera con mayor número de casos por la misma cantidad de habitantes, 210,5.
Cada juez y magistrado (en la provincia hay actualmente unos 170) debía asumir entonces la friolera de 2.342 asuntos de los 310.665 registrados en total en Alicante, Castellón y Valencia.
La Generalitat incrementó un 18,29% el presupuesto destinado a Justicia durante el 2007 con respecto a un año antes, pero ha sido del todo insuficiente para frenar el colapso.
Los jueces pretenden ir este año a la primera huelga de su historia para reclamar más medios materiales y humanos.
