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ALBACETE - ALICANTE - MURCIA | Personalizar edición | RSS | ed. impresa | Regístrate | Miércoles, 22 octubre 2014

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La magistrada investiga a los dos tenientes de alcalde por permitir depósitos de gas en una zona verde Las tres ediles integrantes de la Junta de Gobierno de la pasada legislatura también quedan encausadas

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La juez imputa a los dos sucesores de Moya en la causa por presuntos delitos urbanísticos
PASADO Y PRESENTE. El actual edil de Urbanismo de Bigastro, Raúl Valerio Medina (d) ,y la que fue concejal la legislatura pasada, María Jesús Torres, llegan al juzgado para ratificar su declaración. / A. ARAGÓN
Los dos tenientes de alcalde actuales del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Bigastro, Inmaculada Martínez y Raúl Valerio Medina, en la práctica los sucesores del encarcelado ex alcalde José Joaquín Moya, salieron ayer del Palacio de Justicia de Orihuela con la condición de imputados por la comisión de un presunto delito contra la ordenación del territorio.
Los dos tenientes de alcalde y ediles de las áreas con mayor responsabilidad dentro del equipo de gobierno y por tanto, integrantes de la Junta de Gobierno local, no acudieron solos a la sede judicial. Les acompañaron sus predecesores en la pasada legislatura. En concreto, fueron cinco los representantes del Partido Socialista que se dieron cita en el Palacio de Justicia: los dos concejales de esta legislatura y tres ediles más, Mari Carmen Grau, que fue primer teniente de alcalde en la legislatura 2003-2007 y las ex concejales María Jesús Torres y Herminia Ortiz. Se da la circunstancia que de que estas tres tan sólo la primera sigue en política, no municipal, pero sí al frente de la secretaría general del PSOE local.
Los cinco llegaron pronto hasta el edificio judicial oriolano para ratificar la declaración que ya efectuaron en la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante el pasado martes. Por otro lado lo hizo la técnico municipal también llamada a prestar declaración ante los juzgados. En aquella cita a los concejales se les interrogó sobre dos cuestiones relacionadas con irregularidades urbanísticas, circunstancia que motivó la apertura de ficha policial.
Ayer, la titular del número 3 quiso conocer si los interpelados en las dependencias provinciales de la Benemérita se ratificaban en lo expuesto ante los funcionarios de la brigada contra los delitos urbanísticos. La investigación pretende aclarar algunos de los pormenores en la causa abierta contra el ya ex alcalde, José Joaquín Moya, por presuntos delitos de prevaricación, la ordenación del territorio, falsedad documental, cohecho, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
Los actuales tenientes de alcalde fueron los últimos en declarar ante la magistrada, que quiso saber los motivos por los que en una de las primeras Junta de Gobierno de la actual legislatura se aprobó la instalación de unos depósitos de propano en las inmediaciones de lo que es el actual colegio San José de Calasanz, recientemente puesto en funcionamiento. Dicha actuación urbanística en el sector de la parte alta de la localidad, conocido como el D-6, fue refrendada por un Pleno nada más comenzar este cuatrienio legislativo y en concreto, en julio de este mismo año se aprobó en una sesión de forma definitiva.
La investigación quiere esclarecer si en la operación de instalación en una parcela concebida inicialmente como zona verde se ha alterado su denominación para pasar a ser ocupada por una equipación ilegal, máxime cuando también es colindante con una zona escolar de reciente creación. Sobre esta presunta vulneración del uso original de la parcela, los tenientes de alcalde Martínez y Medina afirmaron, según indicaron fuentes cercanas al caso, lo dicho en su declaración primera, que sobre la misma aparecen informes técnicos municipales que dieron el visto bueno a la instalación y que además la empresa gasística que realizó la actuación sí que recibió una autorización para el proyecto de ejecución de la Conselleria de Infraestructuras previo a su refrendo en el Pleno.
Precisamente el debate sobre las actuaciones urbanísticas en el D-6 han sido uno de los caballos de batalla del Partido Popular en la oposición. El portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Bigastro, Aurelio Murcia, desde que ejerce esta labor ha recordado cada vez que el sector urbanístico salía en las sesiones plenarias que los depósitos estaban construidos en una parcela dedicada a otro uso y que destacaba los reparos que a su juicio suponía la la operación
La otra de las cuestiones que fueron abordadas ayer por la titular que dirige las investigaciones de la Operación Bigastro, afectó a los concejales de la etapa anterior. Grau, Torres y Ruiz fueron las primeras en visitar la primera planta del Palacio de Justicia como ediles componentes de la Junta de Gobierno de la legislatura pasada que aprobó una serie de expedientes también de contenido urbanístico. En concreto se ratificaron en los dicho ante los agentes del Instituto Armado en lo concerniente a la investigación de este asunto emprendida por la recalificación de una zona verde del polígono industrial Apatel para realizar naves, que luego fueron permutadas por locales comerciales ubicados en la calle Purísima, centro de la actividad comercial del municipio bigastrense.
Esta actuación es el origen del encarcelamiento de Moya y que ha motivado la detención e imputación de una docena de personas relacionadas con la investigación entre los cargos públicos, técnicos y empresarios, junto con la del secretario interventor del Ayuntamiento, Antonio Saseta.
Las concejales, que comparten con los actuales la asistencia letrada ejercida por el abogado Miguel Porras, se ratificaron también en la declaración prestada ante los investigadores de la Guardia Civil.
En concreto, explicaron que las decisiones del órgano municipal se tomaban con la base del dictamen favorable del alto fedatario público y rubricado con los preceptivos informes técnicos previos.
La cita ayer con la Justicia de esta nueva oleada de comparecencias de cargos públicos de Bigastro supone un punto y seguido desde que saltara a las primeras páginas la detención del alcalde de Bigastro José Joaquín Moya el pasado 28 de octubre y del secretario municipal para esclarecer presuntas vulneraciones de la legislación urbanística en las permutas de terrenos municipales a cambio de inmuebles de titularidad privada.
En concreto, los funcionarios policiales buscaron en el registro por parte de una veintena de efectivos de la Guardia Civil del Ayuntamiento de que acreditase estos hechos y acabó con el que fuese hasta la semana pasada alcalde de Bigastro durante 25 años con su permanencia, hasta el día de hoy en la prisión alicantina de Fontcalent.
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