La Vega Baja no gana para sobresaltos y detenciones en un octubre que se estrenó con el escándalo en San Fulgencio. Ayer, el polo de atención se trasladó a Bigastro, donde agentes de la Guardia Civil detuvieron al alcalde bigastrense, el socialista José Joaquín Moya, y al secretario-interventor del Ayuntamiento, Antonio Saseta, junto con dos empresarios de la comarca ligados al mundo de la construcción. Los hechos, según apuntan los primeros indicios, están relacionados con presuntas irregularidades urbanísticas cometidas por el primer edil bigastrense y que han motivado su detención por orden judicial, tal y como apuntó la subdelegada del Gobierno, Encarna Llinares, en la visita que realizó a Almoradí a mediodía.

En concreto, la orden de detención emana del Juzgado Número 3 de Orihuela, el mismo que instruye las diligencias de los hechos del presunto cohecho cometido por el ex teniente de alcalde de San Fulgencio, Manuel Barrera. Sobre las instrucciones pesa el secreto sumarial, pero fuentes cercanas al caso no descartan que las primeras indagaciones apunten hacia una investigación que se inició el pasado mes de febrero, y que tiene relación con una de las muchas querellas que el Partido Popular de Bigastro ha presentado en sede judicial contra el mandatario socialista. Una circunstancia que no negó el secretario general de los populares de la localidad, José Antonio Ricart.

En concreto, las fuentes consultadas por este periódico apuntaban a que la denuncia que motivó los arrestos se retrotrae al año 2006, por una presunta acción irregular del munícipe en la concesión de licencias de construcción en el polígono industrial en unas parcelas destinadas a zonas verdes, si bien en ningún momento trascendió, de forma oficial, el motivo de la detención.

Según se apunta, el caso podría deberse a la desafección, en Pleno, de un conjunto de terrenos de suelo industrial para su conversión en suelo edificable. La operación, de confirmarse, se enmarca en la comisión de un presunto delito urbanístico, investigado desde el pasado mes de febrero. Los pormenores apuntan a que la superficie objeto de un cambio de uso proporcionó 160.000 euros, que el alcalde, en aquella época con las competencias municipales de Urbanismo, destinó a la compra de locales comerciales urbanos para la ubicación de dependencias municipales.

La noticia de la detención de José Joaquín Moya saltó en torno a las once de la mañana, cuando agentes de la Benemérita se personaron en el domicilio particular del alcalde, situado en un bloque de dos viviendas en la calle Purísima, la arteria más céntrica y comercial de la localidad de la Vega Baja. Allí procedieron al traslado del regidor socialista hacia las dependencias que el Instituto Armado tiene en la vecina localidad de Jacarilla.

En esos momentos la noticia pasó desapercibida en la pequeña población, con siete mil habitantes. Junto a la puesta a disposición policial del regidor del PSOE, también pasó el secretario municipal, a quien sí que fueron a buscar al Ayuntamiento. Moya no salió del cuartel de Jacarilla hasta las tres de la tarde, cuando, custodiado por efectivos de la Guardia Civil, volvió a la localidad.

En torno a las tres de la tarde, y simultáneamente a una comparecencia pública ante los numerosos medios de comunicación de sus tenientes de alcalde, el primer edil fue llevado hasta el domicilio familiar para proceder a un registro que duró una hora. Los funcionarios de seguridad llegaron con el alcalde a bordo de un coche color azul camuflado y otro marrón, que llevaron hasta casi la misma puerta de la casa del regidor, cerrada al tráfico por ser peatonal.

En esos momentos, las pesquisas se centraron en el registro del despacho particular de Moya en su casa, pero poco después, y con un dispositivo sin precedentes, fue metido de nuevo en el coche para su trasladado al Ayuntamiento, distante tan sólo veinte metros. Allí, los agentes se metieron en su despacho hasta las siete de la tarde para registrarlo en busca de información. En torno a las siete y cuarto, la Guardia Civil, montó un cordón de seguridad para que el alcalde abandonase el Ayuntamiento camino de la Comandancia de la Guardia Civil, donde pasó la noche.