Alcanzar un Pacto Nacional del Agua con el acuerdo de todos los españoles, que contemple la unidad de cuenca, la sostenibilidad medioambiental, la prioridad en el uso de la propia cuenca y que dé garantías de las necesidades presentes y futuras de la cuenca natural y la solidaridad interterritorial, así como reiterar el apoyo al Estatuto de Castilla-La Mancha, fue el único acuerdo alcanzado ayer de forma unánime entre PP y PSOE tras la celebración del Debate sobre el Estado de la Región. En la práctica, los dos principales partidos manchegos desoyeron a sus direcciones generales, de nuevo, y mantienen el controvertido punto del estatuto que establece la caducidad del trasvase Tajo-Segura en el 2015.

Así figura en la resolución conjunta aprobada al término del Debate -primero de la séptima legislatura- en la que los grupos reiteran su apoyo al texto de reforma, aprobado el día 29 de enero de 2007 en el Parlamento autonómico, y remitido posteriormente a las Cortes generales donde espera para su tramitación, y en el que se incluye la caducidad del trasvase Tajo-Segura en 2015.

El agua centró buena parte del discurso de esta segunda sesión del Debate, cuando el diputado socialista, José Molina, defendió que «no haya más trasvases que no sean aquellos destinados al consumo humano», y el parlamentario del PP, Leandro Esteban, consideró que a los socialistas les preocupa resolver el problema del agua porque «ustedes viven del problema del agua durante 25 años».

«Improvisación»

No obstante, el debate de las propuestas socialistas lo inició, pasadas las 10.00 horas, el portavoz socialista en materia económica, Antonio Guijarro, que consideró las medidas presentadas por el PP como «un recopilatorio para salir del paso», convencido de que con la improvisación «de última hora» con la que elaboraron sus 370 acciones no se construye una alternativa de gobierno.

Desde el PP, el primero en subir a la tribuna fue el parlamentario Antonio Lucas-Torres, quien, criticando la situación en materia de infraestructuras y parafraseando la invitación que anteayer hizo Barreda a De Cospedal para visitar Murcia y Valencia juntos, invitó al diputado socialista Antonio Guijarro a visitar la autovía de la Alcarria para ver su estado.

En una entrevista con Efe a finales del pasado mes de julio, la secretaria general del Partido Popular y presidenta de esa formación en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, se mostró renuente a pronunciarse sobre si mantener o no el 2015 como fecha de caducidad del Tajo-Segura.

Cospedal reiteró su argumento en favor de un pacto nacional sobre el agua y del principio de que el «agua donde sobre tiene que ir a donde falta», pero no confirmó ni desmintió si apoya o no la fecha de caducidad pactada con el PSOE en la reforma del Estatuto. Ahora, las cosas parecen estar más claras tras el debate del estado de la comunidad.

El trasvase Tajo-Segura ha centrado los inicios del nuevo curso político, después de que hace una semana el portavoz del PSOE. El pasado 31 de julio, el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Ramón Jáuregui, afirmó que las Cortes «corregirán» el artículo del Estatuto de Castilla-La Mancha que pone fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura en el 2015, para lo que esperó contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, en especial del PP, para la redacción definitiva del texto que iniciará su tramitación en el próximo periodo de sesiones.

Jáuregui se mostró convencido de que el Parlamento modificará el artículo sobre el trasvase de la reforma estatutaria aprobada por unanimidad en las Cortes regionales en enero del 2007. «Corregiremos ese artículo como otros muchos que se han corregido en todos los estatutos», señala Jáuregui, para quien son las Cortes Generales las que «tienen la capacidad de decidir si algo está bien o está mal» en una norma estatutaria por ser las que representan al conjunto de los españoles y ostentan la soberanía popular..

En este sentido, espera obtener el apoyo de todos los grupos en el Parlamento. «Nuestra voluntad es acordar con los grupos políticos, y con el PP en particular, la redacción definitiva de este texto», remarcó Jáuregui.

«Sin escandalizarse»

Para Jáuregui, «no hay que escandalizarse» por que el Grupo Socialista en el Congreso contradiga a la delegación parlamentaria en Castilla-La Mancha porque ésta es «la práctica normal» y «ya ha ocurrido en casi todos los estatutos». «Nosotros hemos negociado con nuestras propias delegaciones parlamentarias de Andalucía, Castilla y León, Valencia y Cataluña», agregó.

Hace año y medio que el Estatuto de Castilla-La Mancha espera su tramitación en el Congreso. Llegó en la pasada legislatura, pero fue trasladado a la actual porque se encontraban ya en tramitación las reformas de Canarias y de Castilla y León y la Comisión Constitucional estaba colapsada.