Hasta 94 de los 141 municipios de la provincia de Alicante carecen aún de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y se rigen por planeamientos urbanísticos desfasados, en muchos casos aprobados hace veinte años, o normas transitorias, según los datos facilitados a este diario por la Conselleria de Territorio y Vivienda.

El artículo 38 de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), que entró en vigor el 1 de febrero del 2006, establece que el PGOU es el único instrumento válido para definir el crecimiento y determinar el espacio físico de las localidades, por lo que todas deben contar con un plan ajustado, por lo demás, a la nueva normativa autonómica.

En el listado de las poblaciones que carecen aún de este documento aparecen algunas con un padrón ciertamente importante como Novelda, Monforte del Cid, Albatera, Almoradí, Muro d'Alcoi, Mutxamel, Sax o El Pinós, entre otros.

En todo caso, los que más problemas tienen para redactarlo, dada la escasez de recursos económicos con los que cuentan y el alto coste de su elaboración, son los municipios más pequeños. En esa situación se encuentran Benferri, Jacarilla, Torremanzanas, Busot y -sobre todo en las comarcas de Las Marinas, l'Alcoià y El Comtat- Planes, Benilloba, Sella, Relleu, Murla o Balones, por poner sólo algunos ejemplos.

«Eso no significa que carezcan de ordenamiento. Mientras no se adapten a la LUV, los planeamientos antiguos y las normas subsidiarias siguen vigentes», explican desde Territorio.

Según las fuentes de la Conselleria consultas, la mayoría de los municipios que aún carece de PGOU los tiene ya en fase de redacción, concierto previo o aprobación por parte de sus Plenos.

La falta de esta herramienta ha provocado en los últimos años que los gobiernos locales hagan uso de los Planes de Actuación Integrada (PAI), que incluyen recalificaciones masivas de suelo y no pocos de los cuales están recurridos ante los juzgados.

Suelen darse, sin embargo, otras consecuencias colaterales. Como en el caso de Benifato, cuya carencia de PGOU ha complicado un tanto la resolución de un juicio por un delito urbanístico contra un agricultor.

Para los ayuntamientos con menos recursos, la Generalitat dispone de una serie de ayudas destinadas a la redacción de los PGOU. La última orden fue publicada en el 2006 y tenía vigencia para ése y el año siguiente.

Por su parte, la Diputación de Alicante ha puesto en marcha una oficina de asesoramiento técnico y jurídico en esta materia a través de la empresa mixta Proaguas Costablanca.

Su gerente, el ex conseller de Medio Ambiente Fernando Modrego, señaló a este diario que cerca de cuatro decenas de localidades de la provincia se rigen aún «por delimitaciones de suelo urbano y normas subsidiarias, unas figuras muy antiguas».

Aunque el departamento recientemente creado no dispone de financiación para la redacción de planes de los pueblos más pequeños, la Diputación espera firmar próximamente un convenio con el Consell para darles apoyo económico.