Las fuerzas de seguridad han solicitado a las entidades financieras que nombren a un «interlocutor para la lucha contra el blanqueo de dinero» al que puedan dirigirse en la provincia de Alicante.

Así consta en el protocolo sobre blanqueo de capitales impulsado por la Audiencia y aprobado el pasado 13 de junio durante la última reunión de la Comisión Provincial de Policía Judicial, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso este diario.

El documento, en cuya elaboración ha participado directamente la CAM y al que se han adherido en mayor o menor medida ocho de las entidades financieras más importantes que operan en la Comunidad Valenciana, recoge en su tercer punto una serie de «consideraciones policiales» para mejorar la persecución de este fenómeno delictivo.

La Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía han propuesto el nombramiento de un «interlocutor» a fin de «disponer de un cauce estable de consulta que agilizaría y dotaría de mayor precisión las investigaciones».

Esa figura ya existe por ley en el ámbito estatal y rinde cuentas ante el Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), del Banco de España.

En opinión de los responsables de las fuerzas de seguridad, su presencia en Alicante evitaría que los agentes tuvieran que hacer partícipes de sus pesquisas a los empleados de las oficinas donde se encuentren abiertas las cuentas rastreadas.

A menudo, la delincuencia organizada utiliza a trabajadores de las sucursales bancarias para canalizar la entrada de dinero negro en el circuito financiero legal. De hecho, el protocolo suscrito en la última reunión provincial entre jueces, fiscales y policías advierte de la importancia de vigilar a los empleados de banca por si repentinamente pasan a llevar «una forma de vida suntuosa» que no guarda relación «con su situación esperable o nivel de ingresos».

Las fuerzas de seguridad se quejan de la «información incompleta» que muchas veces se les facilita en las entidades «a pesar de que el requerimiento judicial sea en un sentido amplio».

Así, únicamente se limitan a proporcionar los datos existentes sobre las cuentas cuando los agentes necesitan también conocer los «depósitos de valores, títulos, acciones, deuda pública, contenidos de cajas de seguridad u otros activos financieros» de que dispongan los sospechosos.

Lógicamente, los políticos son otro de los colectivos permanentemente bajo sospecha. El documento establece que los bancos deben mirar con lupa las «cuentas abiertas en España por personas que ocupen puestos políticos preeminentes, altos cargos o asimilados (directores de compañías públicas, etc.) en países generalmente no democráticos, incluyendo su entorno familiar próximo, y que reciben fondos del exterior que aplican a la compra de activos inmobiliarios o financieros de cuantía relevante».

En líneas generales, las operaciones con más riesgo de servir al lado de dinero negro son las transferencias de fuertes sumas monetarias a Estados extranjeros o los ingresos en cuentas de asociaciones o fundaciones que carecen de gastos por suministro de luz, agua o nóminas. Igualmente, resultan sospechosas las denominadas «sociedades instrumentales», dirigidas por testaferros para ocultar a «los verdaderos propietarios de los bienes o eludir la tributación».

La Costa Blanca es una de las zonas de España más sensibles a esta modalidad delictiva por su estructura socioeconómica (turismo y construcción como pilares fundamentales del tejido empresarial) y el asentamiento de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y la prostitución.

Los bancos detectan entre una y cuatro operaciones sospechosas al mes, lo que acerca a los dos millares los movimientos que despiertan recelos en el conjunto de la Comunidad Valenciana.