Jueces, abogados, forenses, fiscales y médicos se han implicado en un protocolo impulsado por la Audiencia de Alicante para que las personas que padecen alguna enfermedad mental puedan ser obligadas a medicarse en centros de salud e incluso en la misma calle.

El plan, presentado ayer por el presidente de la institución provincial, Vicente Magro, trata de dar una respuesta a los familiares de 5.000 enfermos de toda la provincia que se niegan a tomar sus fármacos.

«Debe ser muy duro para un padre o una madre tener que pedirle a un juez que eche a su hijo de casa», dijo el presidente de la Audiencia. Sintetizaba así una de las principales reivindicaciones de los familiares de estas personas, que muchas veces se ven inmersos en la desesperación y la impotencia porque no pueden hacer frente al cuidado de sus seres queridos.

De hecho, muchas veces no les queda más opción que pedir a los jueces el internamiento de los pacientes en un centro psiquiátrico, de donde salen a los tres días con el mismo problema con el que ingresaron.

La jefa de la Unidad de Psiquiatría del Hospital de Sant Joan, María Angustias Olivares, explicó en esta «reunión técnica» que sólo uno de cada cuatro enfermos cumple voluntariamente las prescripciones médicas. Magro hizo una extrapolación de esos datos para afirmar que Alicante ciudad cuenta con 2.250 personas que no quieren someterse al tratamiento, mil de ellas con una «negativa absoluta», y la provincia con cerca de 5.000.

Las asociaciones de familiares con esta patología serán invitadas a una próxima reunión, el 26 de septiembre, para cerrar el documento. «No queremos criminalizar a los enfermos que sufren trastornos graves, sino prevenir incidentes y dar más calidad de vida a sus parientes», señaló el magistrado. Los participantes en la reunión de ayer solicitaron un juzgado específico para estos casos.