El titular del juzgado de lo Penal 3 de Elche, Joaquín Orellana Piera, subraya en la introducción a los fundamentos jurídicos de la sentencia la gravedad del fenómeno de la violencia escolar (bullying) y la necesidad de combatirla. Insiste en que es un tema que «preocupa, no sólo en el ámbito docente, sino en otros sectores de la sociedad ante el incremento del número de conductas contrarias a la convivencia necesarias en las aulas de este país».

Añade que dichos sectores son conscientes de que «la educación es un pilar fundamental de la sociedad y que quienes la ejercen (profesores y maestros) son, al igual que sus destinatarios (los alumnos) elementos imprescindibles en el proceso enseñanza-aprendizaje que merecen, no sólo el reconocimiento social por tan importante labor, sino una protección adecuada contra aquellos comportamientos que degradan la autoridad necesaria para su ejercicio».

El magistrado subraya la necesidad de denunciar a los infractores el ámbito escolar porque «permite a la sociedad dar adecuada respuesta a esta problemática creando una concienciación social que destierre, definitivamente, la creencia, más o menos generalizada, en que determinadas actitudes como pegar a un profesor, insultarlo, amenazarlo etc... pueden salir gratis.