
EL DATO
El próximo día 11 de julio se cumplirán justo seis años desde la inauguración oficial de la nueva factoría, en la que se implicó directamente el Ayuntamiento de la capital. La operación suponía el traslado al polígono de Las Atalayas, donde Altadis adquirió una parcela de 147.000 metros cuadrados a la empresa pública Sepes. La compañía francesa (que antes había absorbido el antiguo grupo público Tabacalera Española) ofreció al Ayuntamiento de Alicante su factoría del barrio de San Antón. A cambio, recibió la cesión de cinco parcelas urbanizables por parte del Ayuntamiento de Alicante.
Los representantes de la plantilla y los sindicatos recordaron ayer este hecho para rechazar de plano el proyecto de la multinacional. El proyecto de reestructuración, con un coste de 600 millones de euros, propone el cierre de seis de sus 58 fábricas (además de la de Alicante, una en el Reino Unido, Alemania y Eslovaquia, y dos en Francia), así como la reducción de la plantilla -ahora de 40.000 personas- en 2.440 empleos.
En la planta de Alicante invirtió 40 millones de euros. La empresa cierra Alicante por el acusado descenso del segmento de tabaco negro, al estar la planta especializada en esta producción. La caída de producción es del 63% en España y cerca del 70% en Francia en los últimos diez años, lo que lleva a la compañía a concentrar la producción en la planta de Logroño.
Menos consumo
El secretario del comité de empresa de Alicante, Vicente Roca, atribuyó en exclusiva a la caída de consumo de tabaco negro el cierre. En Alicante se producían en el año 2003 unos 15.000 millones de cigarrillos anuales y ahora no más de 9.000 millones. Por su parte, Logroño fabricaba 35.000 millones de unidades y ahora no más de 20.000.
Prevé el cierre de la planta alicantina para el 31 de diciembre de este año mediante la jubilación anticipada, bajas incentivadas o el traslado del personal a las factorías de cigarrillos de La Rioja o puros de Cantabria. El desmantelamiento definitivo llegará en junio del próximo año.
El perfil del trabajador de Altadis en Alicante sobrepasa la cincuentena (52 años, según los secretarios de Agroalimentación de Comisiones Obreras y UGT, Manuel Ledesma y Agustín Pérez, respectivamente), por lo que estima que los cerca de 200 mayores de 52 años de los 338 afectados se acogerán a las prejubilaciones, aunque cree que antes deberá negociarse la mejora de las condiciones.
El consejero delegado del grupo, Gareth Davis, aseguró que «los proyectos son un paso necesario en el proceso de integración de Imperial Tobacco y Altadis», y generarán unas eficiencias operativas anuales de unos 300 millones de euros al final del año fiscal que termina el 30 de septiembre de 2010, aumentando a 400 millones a 30 de septiembre de 2012, según recoge Efe.
Los ajustes globales afectan a las áreas de mercadotecnia y ventas, producción y a las funciones de apoyo central en varios mercados, incluidas recursos humanos, finanzas y asuntos corporativos, mientras que no tiene ningún impacto en el negocio de logística. En esa misma línea, Agustín Pérez, de UGT en Alicante, mantiene que el departamento de logística de esta fábrica se verá menos afectada por la reestructuración.
En España, las fábricas de cigarrillos de Logroño y de Cantabria se reforzarán y aumentarán de plantilla y producción.
La planta de Logroño absorberá la producción de tabaco negro de Alicante. La fábrica riojana se convertirá, por tanto, en la única del grupo dedicada a la producción de cigarrillos en España, con una plantilla de 663 trabajadores (89 más) y una producción de 33.000 millones de unidades.
Otros 258 trabajadores de las plantas de preparación de tabaco en rama de Cádiz y Palazuelo (Cáceres) se verán afectados con el fin de mejorar las eficiencias y ajustar las necesidades de producción.
La presidenta del comité de empresa de la fábrica que Altadis cerrará en Alicante, Encarna Riquelme, afirma que la noticia «refleja que la empresa ve a los 338 trabajadores como a números». La empresa francesa Altadis habría obtenido pingües plusvalías con la compraventa de las cinco parcelas cedidas por el Ayuntamiento de Alicante a cambio de cederle la antigua factoría del barrio de San Antón. El Consistorio proyectó allí el Museo de la Semana Santa, pero actualmente ofrece un aspecto de acelerado deterioro.
La patronal alicantina Coepa dijo, a preguntas de este diario, que «se trata de la decisión de una empresa privada».








