
La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, informó ayer de que el Gobierno está dispuesto a recurrir la orden si el texto cuestiona el carácter obligatorio de la asignatura.
En conferencia de prensa tras la mesa sectorial celebrada ayer en Madrid, Cabrera señaló que esta asignatura «es obligatoria como todas las demás» según la Ley Orgánica de Educación, por lo que tendrán que recurrir la Orden «si esto no se cumple».
Cabrera aseguró que los alumnos que no asistan a clase de la materia de Educación para la Ciudadanía obtendrán como resultado el suspenso, al igual que si causan baja en «cualquier otra asignatura».
El sindicato UGT indicó ayer que emprenderá medidas legales para evitar el desarrollo de la orden, porque «significa un desprecio a los valores constitucionales y una falta de sensibilidad educativa». Afirmó que la publicación de la orden supone «un nuevo atentado contra la educación y la normalidad pedagógica, además de la culminación de un despropósito continuo».
También el Stepv anunció que recurrirá la orden porque considera que se sitúa «al margen de la ley». El sindicato ha puesto en manos de sus servicios jurídicos la orden al considerar que vulnera «la autonomía organizativa de los centros educativos y el respeto a las lenguas reconocidas en el Estatut: el valenciano y el castellano» porque, añade, «sólo Lengua Extranjera se imparte en el idioma correspondiente».
La Confederación Gonzalo Anaya de Asociaciones de Padres de Alumnos criticó la aprobación de la orden por haberse realizado «sin negociación, sin diálogo y sin consenso».
«Ayer (por el martes) salimos a la calle pidiendo diálogo, negociación y consenso y su respuesta es una burla», denunció la Confederación. Indica que están «indignados» y que esperan que el Gobierno «ampare y garantice la ley marco».







