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Protección de Datos abre un expediente a Enrique Ortiz por no pedir autorización para la oficina sobre el Plan Rabasa
POLÉMICA. Varias personas esperan ante la oficina del plan. / R. M.
La Agencia Española de Protección de Datos ha decidido «iniciar un expediente sancionador» contra Viviendas Sociales del Mediterráneo, la urbanizadora del Plan Rabasa, para aclarar «la presunta infracción, tipificada como leve» que señala que «toda persona o entidad que proceda a la creación de ficheros de datos de carácter personal lo notificará previamente a la Agencia española de Protección de Datos».
Así lo explicó ayer el Grupo Cívica, del que forma parte Viviendas Sociales del Mediterráneo, sociedad liderada por Enrique Ortiz. La decisión de la Agencia se produce a raíz de la denuncia formulada por la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas por la oficina abierta en su día en la calle Altamira para informar sobre el Plan Rabasa, al tiempo que para recoger los datos personales de los interesados en las miles de viviendas previstas, buena parte de protección oficial.
Responsables de la promotora señalaron ayer en un comunicado que «es cierto que, por desconocimiento, no comunicamos previamente a la Agencia Española de Protección de Datos la creación de esos ficheros en los que constan el nombre y apellido, dirección, teléfono y e-mail de las 7.089 personas que nos los aportaron al solicitar información sobre las construcciones planteadas para el Plan Rabasa». «Todos esos datos -continúa el escrito- se almacenaron en único CD guardado en una caja de seguridad ubicada en las oficinas del Grupo Cívica y en ningún caso se ha vulnerado su confidencialidad».
Cívica añade que la Agencia «ha desestimado todas las presuntas irregularidades denunciadas por la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas, a excepción de la citada falta leve.
El grupo liderado por Ortiz explica que, tras más de dos años de tramitación, la Agencia Española de Protección de Datos «no da crédito a que ésta (Viviendas Sociales del Mediterráneo) hubiera realizado publicidad engañosa, ni recabado de forma indiscriminada los datos de las personas que se acercaron a la oficina habilitada, ni utilizado posteriormente los datos de las personas inscritas».
La resolución está fechada el 25 de abril. Desde Cívica mostraron su satisfacción porque «esta resolución pone de manifiesto que no hemos cometido el cúmulo de irregularidades del que nos acusaban, con la salvedad de que podríamos haber incurrido en una falta leve por desconocer el procedimiento. Lo único que pretendíamos era facilitar información a las personas interesadas en una VPO como las previstas en el Plan Rabasa».
La oficina de la calle Altamira estuvo abierta entre el 29 de junio y el 22 de julio del 2005.
Así lo explicó ayer el Grupo Cívica, del que forma parte Viviendas Sociales del Mediterráneo, sociedad liderada por Enrique Ortiz. La decisión de la Agencia se produce a raíz de la denuncia formulada por la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas por la oficina abierta en su día en la calle Altamira para informar sobre el Plan Rabasa, al tiempo que para recoger los datos personales de los interesados en las miles de viviendas previstas, buena parte de protección oficial.
Responsables de la promotora señalaron ayer en un comunicado que «es cierto que, por desconocimiento, no comunicamos previamente a la Agencia Española de Protección de Datos la creación de esos ficheros en los que constan el nombre y apellido, dirección, teléfono y e-mail de las 7.089 personas que nos los aportaron al solicitar información sobre las construcciones planteadas para el Plan Rabasa». «Todos esos datos -continúa el escrito- se almacenaron en único CD guardado en una caja de seguridad ubicada en las oficinas del Grupo Cívica y en ningún caso se ha vulnerado su confidencialidad».
Cívica añade que la Agencia «ha desestimado todas las presuntas irregularidades denunciadas por la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas, a excepción de la citada falta leve.
El grupo liderado por Ortiz explica que, tras más de dos años de tramitación, la Agencia Española de Protección de Datos «no da crédito a que ésta (Viviendas Sociales del Mediterráneo) hubiera realizado publicidad engañosa, ni recabado de forma indiscriminada los datos de las personas que se acercaron a la oficina habilitada, ni utilizado posteriormente los datos de las personas inscritas».
La resolución está fechada el 25 de abril. Desde Cívica mostraron su satisfacción porque «esta resolución pone de manifiesto que no hemos cometido el cúmulo de irregularidades del que nos acusaban, con la salvedad de que podríamos haber incurrido en una falta leve por desconocer el procedimiento. Lo único que pretendíamos era facilitar información a las personas interesadas en una VPO como las previstas en el Plan Rabasa».
La oficina de la calle Altamira estuvo abierta entre el 29 de junio y el 22 de julio del 2005.
