PROVINCIA
Sólo dos dependientes severos han obtenido una resolución de Bienestar Social
La Conselleria continúa valorando grandes minusvalías y el siguiente nivel empieza a sufrir este retraso Compromís promoverá mociones en los ayuntamientos para exigir el cumplimiento de la ley
LOS PRIMEROS. Grandes dependientes, concentrados. / U. ARACIL
EN BREVE
El retraso en la valoración de solicitudes de atención a grandes dependientes que acumula la Conselleria de Bienestar Social no sólo afecta a este primer grupo de beneficiarios de la Ley de Dependencia, sino que comienza a pasar factura al grupo dos, el de dependientes severos.
Deberían empezar a recibir las ayudas entre el año 2008 y el 2009, pero Bienestar Social todavía está evaluando a los del primer grupo, grandes dependientes, que deberían recibir ayudas desde el año 2007, y por el momento sólo ha emitido cerca de 8.500 resoluciones, según sus propias cifras, o 6.999, según el Ministerio de Política Social.
El último informe estadístico del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) sobre atención a la dependencia, con fecha de 5 de mayo, establece que sólo dos dependientes severos han recibido un dictamen en la Comunidad Valenciana. Suponen apenas el 0,03% del total de resoluciones, mientras que en otras comunidades, como Andalucía, Navarra, Castilla y León y Castilla la Mancha superan el 10%.
10.163 solicitudes
Según este informe, la Comunidad Valenciana ha registrado 10.163 solicitudes de valoración por parte de grandes dependientes y dependientes severos, de las cuales ha valorado 7.036 y resuelto con un dictamen 6.999 (el 69%). La mayoría, 6.996, corresponden a grandes dependientes (Grado tres).
El sindicato CC OO llamó la atención ayer, a raíz de estos datos, sobre el hecho de que sólo la mitad de los grandes dependientes que se estima que viven en la Comunidad, 20.843, han presentado la solicitud de valoración, lo que achaca a «la ausencia total de información a la ciudadanía, por parte del Gobierno valenciano sobre el nuevo derecho que la Ley de Dependencia recoge».
El número de dictámenes realizados en la Comunidad con respecto a la estimación de población en situación de dependencia, «nos sitúa en un 34,2% de grado de cobertura», expone el sindicato. Es decir los penúltimos respecto al resto de las autonomías, sólo por delante de Baleares.
La Conselleria de Bienestar Social apunta, sin embargo, que el número total de solicitudes (no sólo de grandes dependientes) asciende a más 65.000 y que los datos del Imserso «están atrasados». Hoy mismo el conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, tiene pensado ofrecer una actualización de los mismos, tras su reunión con la ministra de Política Social, Mercedes Cabrera.
Además del número de solicitudes y dictámenes, llama la atención en el informe del Imserso el tipo de prestaciones de los que han obtenido una resolución positiva (el 99,9% en la Comunidad).
El 91,6% del total, 6.415 personas, recibe atención residencial. CC OO denuncia que «la mayoría de esas prescripciones responden a la homologación de plazas cubiertas por bono-residencia o accesibilidad» es decir que, por un lado, no suponen la prestación de un nuevo servicio, sino «una prestación económica» que además ya venían recibiendo.
Del resto, 546, (un 7,8%) han obtenido asistencia en centros de día o noche y sólo 35, un 0,5%, tienen ayuda para cuidados familiares, pero ninguno para la asistencia por profesionales especializados.
CC OO considera que los principales motivos del retraso acumulado son la escasez de valoradores, que son sólo 35 para toda la Comunidad, el retraso en el desarrollo normativo y la utilización de la agencia privada Avapsa para la gestión de las valoraciones.
En este sentido, el Observatorio Valenciano para la Dependencia denunció ayer la «presión injustificada» a la que la Avapsa «somete a los solicitantes» durante el proceso administrativo.
Explican además que el organismo encargado de gestionar las peticiones de las ayudas, Avapsa, «se salta las mínimas normas de procedimiento administrativo».
Papeleo
El Observatorio describe algunas de las situaciones con las que se encuentran los solicitantes, como el hecho de que se les requiera «hasta dos y tres veces documentación presentada ya» anteriormente o que se les cite por teléfono. «Las entrevistas de los trabajadores sociales y de los evaluadores se hacen por separado, con lo que muchas de las preguntas se duplican», señalan también. Lamentan que, por parte de de Bienestar Social, no se establezcan criterios de actuación claros ni se dé información de los expedientes.
Por otro lado, la diputada autonómica de Compromís pel País Valencià Mireia Mollà, y el coordinador de Iniciativa en Alicante, Ismael Vicedo, presentaron ayer en Alicante una campaña contra el «bloqueo» a la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana. Mollá indicó que en la Comunidad hay 280.000 personas con distintos grados de dependencia y añadió que unos 1,5 millones de personas están afectadas directa o indirectamente por la situación de este colectivo. Apuntó que en toda la autonomía se han presentado 61.000 solicitudes y criticó que no se hayan resuelto «ni la mitad».
La diputada de Compromís pel País Valencià denunció el «bloqueo absoluto» de la Generalitat para evaluar y tramitar las prestaciones económicas o asistenciales, y la «dejadez» del Gobierno central «para poner todas las armas necesarias» para hacer eficaz esta ley.
La campaña consistirá en la presentación de mociones en los ayuntamientos, la recogida de firmas y la implicación de los colectivos sociales para instar al Gobierno central y autonómico la aplicación de la Ley de Dependencia.
Deberían empezar a recibir las ayudas entre el año 2008 y el 2009, pero Bienestar Social todavía está evaluando a los del primer grupo, grandes dependientes, que deberían recibir ayudas desde el año 2007, y por el momento sólo ha emitido cerca de 8.500 resoluciones, según sus propias cifras, o 6.999, según el Ministerio de Política Social.
El último informe estadístico del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) sobre atención a la dependencia, con fecha de 5 de mayo, establece que sólo dos dependientes severos han recibido un dictamen en la Comunidad Valenciana. Suponen apenas el 0,03% del total de resoluciones, mientras que en otras comunidades, como Andalucía, Navarra, Castilla y León y Castilla la Mancha superan el 10%.
10.163 solicitudes
Según este informe, la Comunidad Valenciana ha registrado 10.163 solicitudes de valoración por parte de grandes dependientes y dependientes severos, de las cuales ha valorado 7.036 y resuelto con un dictamen 6.999 (el 69%). La mayoría, 6.996, corresponden a grandes dependientes (Grado tres).
El sindicato CC OO llamó la atención ayer, a raíz de estos datos, sobre el hecho de que sólo la mitad de los grandes dependientes que se estima que viven en la Comunidad, 20.843, han presentado la solicitud de valoración, lo que achaca a «la ausencia total de información a la ciudadanía, por parte del Gobierno valenciano sobre el nuevo derecho que la Ley de Dependencia recoge».
El número de dictámenes realizados en la Comunidad con respecto a la estimación de población en situación de dependencia, «nos sitúa en un 34,2% de grado de cobertura», expone el sindicato. Es decir los penúltimos respecto al resto de las autonomías, sólo por delante de Baleares.
La Conselleria de Bienestar Social apunta, sin embargo, que el número total de solicitudes (no sólo de grandes dependientes) asciende a más 65.000 y que los datos del Imserso «están atrasados». Hoy mismo el conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, tiene pensado ofrecer una actualización de los mismos, tras su reunión con la ministra de Política Social, Mercedes Cabrera.
Además del número de solicitudes y dictámenes, llama la atención en el informe del Imserso el tipo de prestaciones de los que han obtenido una resolución positiva (el 99,9% en la Comunidad).
El 91,6% del total, 6.415 personas, recibe atención residencial. CC OO denuncia que «la mayoría de esas prescripciones responden a la homologación de plazas cubiertas por bono-residencia o accesibilidad» es decir que, por un lado, no suponen la prestación de un nuevo servicio, sino «una prestación económica» que además ya venían recibiendo.
Del resto, 546, (un 7,8%) han obtenido asistencia en centros de día o noche y sólo 35, un 0,5%, tienen ayuda para cuidados familiares, pero ninguno para la asistencia por profesionales especializados.
CC OO considera que los principales motivos del retraso acumulado son la escasez de valoradores, que son sólo 35 para toda la Comunidad, el retraso en el desarrollo normativo y la utilización de la agencia privada Avapsa para la gestión de las valoraciones.
En este sentido, el Observatorio Valenciano para la Dependencia denunció ayer la «presión injustificada» a la que la Avapsa «somete a los solicitantes» durante el proceso administrativo.
Explican además que el organismo encargado de gestionar las peticiones de las ayudas, Avapsa, «se salta las mínimas normas de procedimiento administrativo».
Papeleo
El Observatorio describe algunas de las situaciones con las que se encuentran los solicitantes, como el hecho de que se les requiera «hasta dos y tres veces documentación presentada ya» anteriormente o que se les cite por teléfono. «Las entrevistas de los trabajadores sociales y de los evaluadores se hacen por separado, con lo que muchas de las preguntas se duplican», señalan también. Lamentan que, por parte de de Bienestar Social, no se establezcan criterios de actuación claros ni se dé información de los expedientes.
Por otro lado, la diputada autonómica de Compromís pel País Valencià Mireia Mollà, y el coordinador de Iniciativa en Alicante, Ismael Vicedo, presentaron ayer en Alicante una campaña contra el «bloqueo» a la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana. Mollá indicó que en la Comunidad hay 280.000 personas con distintos grados de dependencia y añadió que unos 1,5 millones de personas están afectadas directa o indirectamente por la situación de este colectivo. Apuntó que en toda la autonomía se han presentado 61.000 solicitudes y criticó que no se hayan resuelto «ni la mitad».
La diputada de Compromís pel País Valencià denunció el «bloqueo absoluto» de la Generalitat para evaluar y tramitar las prestaciones económicas o asistenciales, y la «dejadez» del Gobierno central «para poner todas las armas necesarias» para hacer eficaz esta ley.
La campaña consistirá en la presentación de mociones en los ayuntamientos, la recogida de firmas y la implicación de los colectivos sociales para instar al Gobierno central y autonómico la aplicación de la Ley de Dependencia.
