La Verdad

La ministra de Medio Ambiente en funciones, Cristina Narbona, señaló ayer, con respecto a la aprobación, por parte del Pleno del Comité de las Regiones de la UE, del informe del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en el que aboga por los trasvases como solución a la sequía, que «es un documento de un órgano que no tiene papel decisorio en la UE». Además, explicó que «el Comité de las Regiones es un órgano donde se debate, pero que no incide en las políticas europeas».

Narbona añadió que «el Comité de Regiones no tiene capacidad de guiar las políticas de la UE», mientras que «la comisión que sí lo tiene hizo público el año pasado un documento sobre sequía donde deja muy claro que antes de considerar los trasvases se tienen que tomar medidas de ahorro y eficiencia que nada tienen que ver con el planteamiento de los trasvases como panacea».

Para la ministra, «no se trata de trasvases si o no, o desalinizadoras si o no», ya que «en la Comunidad hay desalinizadoras que apoya el PP y otras que intenta parar». Recuerda que el Gobierno no tiene una posición fundamentalista sobre los trasvases, porque aprueba el Júcar-Vinalopó y el Tajo-Segura.

Precisamente, sobre esta transferencia de caudales se interesó la diputada socialista en el Congreso y responsable de Medio Ambiente en la comisión gestora del PSPV-PSOE, Juana Serna, quien acusó al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de «poner en peligro el Tajo-Segura»con el informe contra la sequía que defendió en Bruselas.

«Inviable»

Serna afirmó que las condiciones que se recogen en el Informe Camps para poder ejecutar un trasvase «hacen inviable cualquier transferencia de agua entre cuencas. No sólo el trasvase del Ebro, que reclama el PP valenciano, sino cualquier otro, incluido el del Tajo-Segura».

La vocal de la gestora insistió en que Camps «debería saber que las condiciones para hacer un trasvase que recogen su informe como la garantía de la mejora del medio ambiente, la calidad de las masas de agua, la recuperación de de los acuíferos y los caudales ecológicos, lo hacen inviable». Además de inviable, el secretario general del PSOE en Alicante, Roque Moreno, interpreta que el dictamen del Comité de las Regiones «no avala los trasvases, sino una gestión global de todos los recursos».

Según señala Moreno en un comunicado, esa integración de recursos para garantizar el abastecimiento de agua es «exactamente lo que ha hecho el Gobierno de España desde hace cuatro años», una política que ha sido respaldada por la Unión Europea.

Por su parte, el portavoz de los socialistas en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, dice que el Informe Camps es «una invitación a los ciudadanos de la Comunidad a estar cuatro años en guerra contra el Gobierno Central. Pretender que un mes después de las elecciones, por la fuerza de un dictamen aprobado en un comité consultivo europeo, se va a forzar a un Gobierno a modificar un punto que llevaba claramente en el programa electoral es invitar a la guerra», sentenció.

El portavoz socialista afirmó, además, que el trasvase del Ebro «no depende de la Unión Europea sino del Gobierno de España y de las regiones españolas». Luna añadió que «ni el texto que se ha aprobado ni las actuaciones concretas de la UE les van a apoyar en esa guerra porque si hay algo concreto y tangible es que el Plan Hidrológico Nacional no tuvo ni un solo euro de subvención de la UE mientras que el Programa Agua tiene 1.200 millones en subvenciones».

Por su parte, la diputada socialista por Castellón y portavoz de política exterior, María José Salvador, dijo que el Informe Camps «sólo es una pequeña pieza de un engranaje en la toma de decisiones en la Unión Europea y a partir de ahora se ha de pronunciar también el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE al respecto».

La portavoz socialista añadió que Camps «ha malutilizado la oportunidad de ser ponente de un informe del Comité de las Regiones porque ha hecho un uso claramente partidista y ha trasladado la confrontación».