La Verdad

El reciente reconocimiento de cauce público a la Cañada de la Escribana en San Miguel de Salinas conlleva que el plan parcial de Los Invernaderos disminuya su grado de edificabilidad. Los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) inspeccionaron ayer el terreno junto a los propietarios, quienes tienen diez días para alegar en contra de las líneas trazadas por el órgano hídrico.

Este antiguo barranco, ahora entubado y sobre el que se posa una gran zona verde, ha pasado a ser reconocido por la CHS como cauce público por lo que el plan parcial de Los Invernaderos deberá reajustarse tanto en el volumen de viviendas como en el de zonas verdes. El portavoz de la asociación de vecinos San Miguel Arcángel, Manuel Gómez, valoró que «ahora el proyecto urbanístico ya no cuenta con todo el espacio de la antigua cañada, por lo que necesita nuevas zonas verdes y ajustar el número de viviendas a la legalidad». En concreto el cauce comprende cerca de 480.000 metros cuadrados.

La ampliación del casco urbano comprende en esta zona una gran extensión. Debajo de la antigua rambla hay instaladas cinco depuradoras, con capacidad para mil habitantes, y toda la red de alcantarillado.

Acto de apeo

Así los técnicos de la CHS realizaron ayer el acto de apeo, previo al deslinde de la Cañada de la Escribana. De esta forma se comparan entre los planos y sobre el terreno las líneas marcadas. El cauce público contiene ahora diferentes estacas o puntos de referencia para delimitar lo que pertenece al Ministerio de Medio Ambiente y a la promotora.

No obstante, las líneas se pueden modificar una vez se hayan recogido las alegaciones. Este tipo de actuaciones de la Administración se suelen realizar sobre cauces en los que todavía no se ha realizado ningún actuación urbanística. Por tanto, los propios trabajadores del organismo hídrico reconocen que «es muy difícil que una vez que se ha urbanizado casi todo se deje como estaba», aunque el suelo ahora sea no urbanizable protegido. En cualquier caso las máquinas han movido las tierras y la orografía ha cambiado por completo.

Los vecinos denuncian que «la empresa se amparó en unos documentos del 2003 incompletos y la CHS inició la investigación en 2004». La plataforma de residentes explica que «se ha llevado una política de hechos consumados». Los propios residentes anuncian que una vez que el deslinde se haya hecho patente exigirán que la Cañada de la Escribana quede como estaba en su estado original.