Baloncesto
Más moral que el... Obradoiro
La familia de juristas Vázquez Guillén ha mantenido el pleito durante 17 años sin percibir ninguna compensación La ACB ha hecho todo lo posible para evitar este fallo judicial
02.12.07 -
SENTENCIA EN MANO. Pepe Martínez, Javier Laíño, Ramón Mato, Ángel Docobo y Santiago Amor. / C. G.
PRECEDENTE
Su afición por el deporte y la amistad que le une a varios santiagueses de pro permitió a la familia de juristas Vázquez Guillén llevar hasta sus últimas consecuencias el pleito del Obradoiro, sin compensación económica, pero con un final feliz, puesto que el club podrá incorporarse el año que viene a la élite nacional.
Así, para la temporada 08-09, esta entidad deportiva -actualmente en la Primera División Gallega- puede regresar a la ACB pagando un canon de 540.000 euros (90 millones de pesetas), casi una tercera parte menos de lo que le costaría al precio actual (2,4 millones de euros).
A pesar del pundonor del presidente del conjunto compostelano, José Ángel Docobo, el club sigue sufriendo el pasivo generado por el despido de los jugadores en la temporada 1990-1991 -la posterior al playoff de ascenso que perdió el Obradorio con el Juver Murcia-, que supuso un quebranto para sus arcas superior a los 40 millones de pesetas de aquel entonces (240.000 euros).
Lo que no ha sido gravoso para el Obradoiro ha sido su pugna en los tribunales, pues fue un encargo de uno de los anteriores presidentes, Antonio Besada, al abogado Antonio Vázquez Guillén, diputado por La Coruña durante seis años y uno de los pioneros en la defensa de los consumidores.
Litigando desde 1990
El pleito, iniciado en 1990, tras impugnar el club el primero de los partidos de la fase ascenso a la ACB por alineación indebida del cuadro murciano, comenzó casi artesanalmente, cuando Besada, también delegado de Iberia en Santiago de Compostela, decidió investigar si el jugador Esteban Pérez tenía origen argentino o español.
Para una colectividad como la gallega, con tantos contactos e implantación en Buenos Aires, no fue difícil comprobar que Pérez no tenía antepasados de origen hispano, con lo que, casi en menos de 24 horas, Vázquez-Guillén y Besada consiguieron suficientes pruebas para demostrar la falsedad en la documentación y, por consiguiente, la alineación indebida.
Sin embargo, de 1990 a 1994, fallaron todos los intentos para lograr un dictamen positivo sobre la alineación indebida ante el comité de competición, el comité de apelación y el comité de disciplina deportiva.
Hasta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió echar abajo las aspiraciones del Obradorio, pero Antonio Vázquez Guillén y su hermano, Argimiro, procurador en Madrid y antiguo delantero centro de la Sociedad Deportiva Compostela, decidieron emprender su particular peregrinar hasta la máxima autoridad judicial: el Tribunal Supremo.
Recordando la paciencia de su padre, en su día presidente del club de fútbol Bergantiños, los Vázquez Guillén consiguieron que, marzo del 2002, seis años justos después de la última sentencia del TSJ, se fallase a favor del Obradoiro. Pese a ello, no terminarían ahí los problemas para el club gallego puesto que el Alto Tribunal, otra vez, ante la ejecución de la sentencia a lo largo de 2003, decidió en septiembre de este año, que el club compostelano no había cumplido con las condiciones.
Esfuerzo en vano
Antonio Vázquez Guillén recordó los esfuerzos del presidente José Ángel Docobo para depositar una aval de 90 millones de pesetas o la auditoría que hubieron de realizar en las últimas dos semanas de julio, con el parón del festivo de Santiago Apóstol celebrándose en Galicia. Todos estos trabajos fueron en vano y, 13 años después, Vázquez Guillén decidió presentar la última baza posible: un recurso de casación ante el TSJ.
Esta familia gallega, además, hubo de superar los argumentos jurídicos expuestos por un gran bufete internacional, que representaba a la ACB, y a la representación del Estado, que defendía a la Federación Española de Baloncesto (FEB).
Su pretensión era que el Obradoiro cumpliese con las condiciones de la moderna ACB, una competición con dieciocho equipos, pero el Supremo dijo que los derechos se adquieren desde el momento que se produce el acto nulo, con lo que este club gallego, si lo desea, podría ingresar en la máxima categoría del baloncesto español con un desembolso de 90 millones de pesetas.
Así, para la temporada 08-09, esta entidad deportiva -actualmente en la Primera División Gallega- puede regresar a la ACB pagando un canon de 540.000 euros (90 millones de pesetas), casi una tercera parte menos de lo que le costaría al precio actual (2,4 millones de euros).
A pesar del pundonor del presidente del conjunto compostelano, José Ángel Docobo, el club sigue sufriendo el pasivo generado por el despido de los jugadores en la temporada 1990-1991 -la posterior al playoff de ascenso que perdió el Obradorio con el Juver Murcia-, que supuso un quebranto para sus arcas superior a los 40 millones de pesetas de aquel entonces (240.000 euros).
Lo que no ha sido gravoso para el Obradoiro ha sido su pugna en los tribunales, pues fue un encargo de uno de los anteriores presidentes, Antonio Besada, al abogado Antonio Vázquez Guillén, diputado por La Coruña durante seis años y uno de los pioneros en la defensa de los consumidores.
Litigando desde 1990
El pleito, iniciado en 1990, tras impugnar el club el primero de los partidos de la fase ascenso a la ACB por alineación indebida del cuadro murciano, comenzó casi artesanalmente, cuando Besada, también delegado de Iberia en Santiago de Compostela, decidió investigar si el jugador Esteban Pérez tenía origen argentino o español.
Para una colectividad como la gallega, con tantos contactos e implantación en Buenos Aires, no fue difícil comprobar que Pérez no tenía antepasados de origen hispano, con lo que, casi en menos de 24 horas, Vázquez-Guillén y Besada consiguieron suficientes pruebas para demostrar la falsedad en la documentación y, por consiguiente, la alineación indebida.
Sin embargo, de 1990 a 1994, fallaron todos los intentos para lograr un dictamen positivo sobre la alineación indebida ante el comité de competición, el comité de apelación y el comité de disciplina deportiva.
Hasta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió echar abajo las aspiraciones del Obradorio, pero Antonio Vázquez Guillén y su hermano, Argimiro, procurador en Madrid y antiguo delantero centro de la Sociedad Deportiva Compostela, decidieron emprender su particular peregrinar hasta la máxima autoridad judicial: el Tribunal Supremo.
Recordando la paciencia de su padre, en su día presidente del club de fútbol Bergantiños, los Vázquez Guillén consiguieron que, marzo del 2002, seis años justos después de la última sentencia del TSJ, se fallase a favor del Obradoiro. Pese a ello, no terminarían ahí los problemas para el club gallego puesto que el Alto Tribunal, otra vez, ante la ejecución de la sentencia a lo largo de 2003, decidió en septiembre de este año, que el club compostelano no había cumplido con las condiciones.
Esfuerzo en vano
Antonio Vázquez Guillén recordó los esfuerzos del presidente José Ángel Docobo para depositar una aval de 90 millones de pesetas o la auditoría que hubieron de realizar en las últimas dos semanas de julio, con el parón del festivo de Santiago Apóstol celebrándose en Galicia. Todos estos trabajos fueron en vano y, 13 años después, Vázquez Guillén decidió presentar la última baza posible: un recurso de casación ante el TSJ.
Esta familia gallega, además, hubo de superar los argumentos jurídicos expuestos por un gran bufete internacional, que representaba a la ACB, y a la representación del Estado, que defendía a la Federación Española de Baloncesto (FEB).
Su pretensión era que el Obradoiro cumpliese con las condiciones de la moderna ACB, una competición con dieciocho equipos, pero el Supremo dijo que los derechos se adquieren desde el momento que se produce el acto nulo, con lo que este club gallego, si lo desea, podría ingresar en la máxima categoría del baloncesto español con un desembolso de 90 millones de pesetas.
