La Verdad

Los fiscales progresistas discrepan de pleno de las cada vez más numerosas voces que reclaman reducir de nuevo a los 16 años la edad penal. El ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJ) José María Mena y la representante de la Fiscalía de Menores de Valencia María Gabriela Bravo se erigieron ayer en portavoces de sus compañeros para rechazar esa propuesta y abogar por programas de prevención de la criminalidad entre los más jóvenes y medidas alternativas a las condenas.

Ambos hicieron declaraciones a los medios durante una pausa del curso Plan extraordinario. Los menores del siglo XXI. Perspectiva jurídica y social, organizado por la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y que finalizará el próximo miércoles.

Para Bravo y Mena, la actual Ley del Menor «es un acierto y funciona bien». Por tanto, no ven con buenos ojos propuestas como las lanzadas el pasado viernes por el presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, para que se debatan en otro congreso sobre criminología y Derecho Penal que se celebrará también esta semana en Alicante.

Magro, que pertenece a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), se pronunció a favor de rebajar la edad penal ante el incremento de delitos graves cometidos por menores. En su defecto, propuso que los infractores de entre 16 y 18 años fueran sometidos a una prueba médica para determinar su consciencia y voluntad en el momento de la comisión de los hechos y poderles aplicar así la legislación de los adultos.

Tanto Bravo como Mena descartaron esta idea, aunque reconocieron que a veces existe «una sensación de impunidad» provocada por «la carencia de medios, de centros apropiados y de educadores». Los representantes del Ministerio Público también instaron a los medios a trasladar a la sociedad «el contenido de las medidas» que se aplican en la jurisdicción de menores.

«La justicia del menor funciona muy bien y no hace falta dedicarse a la represión pura y dura a partir de los 16 años», opinó el ex fiscal del TSJ catalán. A su juicio, sus compañeros realizan un «gran esfuerzo» en este ámbito y han encontrado «sistemas alternativos a la represión penal, con experiencias brillantes de conciliación y alternativas a la imposición de penas».

Mena reiteró que la represión de los delitos «no resuelve los problemas» porque el sistema penal sólo actúa cuando éstos ya han ocurrido. También indicó que los fenómenos de violencia juvenil en grupo, como la de los cabezas rapadas, los latin king o los disturbios de la periferia de París se han agravado en los últimos años en la medida en que la juventud «es un fenómeno de masas creciente, con acceso al consumo y al dominio territorial de espacios públicos».

Por su parte, Bravo, que es presidenta de la UPF y se ha encargado de coordinar el curso, se refirió a las situaciones de acoso escolar, de las que negó que se haya producido un incremento «desmesurado» y precisó que lo ha ocurrido es que hasta ahora suponían «un problema invisible».

Para esta acusadora, la solución a este fenómeno pasa por centrarse en el entorno educativo y poner los medios para educar «contribuyendo al desarrollo personal, en el respeto a los derechos humanos y a vivir en tolerancia e igualdad».

Aunque estaba anunciada su presencia y se encontraba en Alicante, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, no presenció la inauguración de estas jornadas.