La Verdad

La Inspección de Trabajo de Alicante habrá investigado en profundidad, cuando acabe el año, un mínimo de 550 accidentes de trabajo en los que se han producido heridos de gravedad o fallecidos. El principal objetivo de estos informes exhaustivos es evitar que se oculten pruebas de tipo penal por parte de los coordinadores de seguridad laboral (en el caso de las obras), de los encargados de las empresas o de los empresarios directamente, lo que altera la actuación acusadora del Ministerio Público. La cifra de investigaciones de accidentes no deja de crecer y la Inspección de Trabajo ha previsto para el próximo año 2008 no menos de 600 informes de este tipo, que acaban, en su mayoría, en manos del fiscal especializado en Siniestralidad Laboral de la Audiencia Provincial de Alicante.

El equipo específico de prevención de riesgos y siniestralidad laboral de la Inspección laboral alicantina y la jefatura de este cuerpo dependiente del Ministerio de Trabajo habrán actuado directamente en 550 investigaciones de accidentes este año, una cifra ligeramente superior a la del 2006.

La autoridad laboral en Alicante (o sea, la Conselleria de Empleo), la Inspección de Trabajo y la Fiscalía de la Audiencia Provincial acordaron hace ahora un lustro un mecanismo para agilizar las investigaciones administrativas, judiciales y la celebración de vistas en los casos de accidentes mortales. Este sistema consiste en remitir el informe del técnico laboral en un corto espacio de tiempo al Ministerio Público, independientemente de que, en otros casos, sean los jueces los que instan la elaboración de los informes, si los siniestros son de extrema gravedad o de especial impacto público.

Hace ahora escasas semanas, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, tras reunirse con el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, dio la instrucción a todas las audiencias provinciales de crear departamentos especializados en Siniestralidad Laboral, que es plenamente operativo en Alicante desde hace una década. A su cargo se hallaba el teniente fiscal -ya jubilado- Miguel Gutiérrez. Ahora el cargo lo ocupa Juan Carlos López Coig, quien no renunciará a su puesto de teniente fiscal, pese a que la instrucción de la Fiscalía General era crear la figura en exclusiva de acusador sobre siniestralidad laboral, el cual tiene que tener tareas lógicas de visado de asuntos con la Inspección de Trabajo, entre otros colectivos profesionales.

Fiscalía del Estado

Además, y tras el acuerdo público entre la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Trabajo, el fiscal jefe de Alicante, José Antonio Romero, anunció la creación de unas «redes» de fiscales dedicados a la siniestralidad laboral, además de a Tráfico e inmigración, temas muy sensibles, en los partidos judiciales de Elche, Benidorm y Torrevieja. Servirán de «enlace» con los responsables de las mismas áreas en la Audiencia Provincial.

La ocultación de pruebas o la alteración del escenario donde se registran los accidentes laborales son práctica común, según vienen denunciando los sindicatos CC OO y UGT en la provincia. Desde las centrales se ha llegado a alertar de que, en algunos casos, el promotor o el constructor han mandado la instalación de protecciones colectivas e incluso individuales del trabajador de tipo básico (como barandillas y mallas en fachadas o hucos del ascensor) al poco tiempo de ocurrir el siniestro. Este hecho llevó al responsable de Salud Laboral de CC OO en la Federación de la Construcción, Francisco Velasco, a pedir la intervención inmediata de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o, al menos, de las Policías Locales con el fin de impedir la alteración del lugar del hecho.

El equipo especial de la inspección alicantina para salud y seguridad laboral tiene previsto alcanzar el próximo año un mínimo de 600 informes de accidentes, según explican fuentes del Ministerio de Trabajo en Madrid. Esta previsión forma parte no sólo del reciente acuerdo con la Fiscalía General del Estado, sino sobre todo con la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012, aprobada poco antes del verano, cuyo objetivo es reducir la siniestralidad laboral y mejorar de forma continua los niveles de seguridad y salud en el trabajo, al menos un 25% de aquí al año 2012.

La inspección laboral alicantina también tiene que investigar a fondo casos de enfermedades profesionales cuando un supuesto enfermo acaba por recurrir un dictamen contrario de los equipos de evaluación del Instituto de la Seguridad Social.

Este año ha tenido que abordar de forma exhaustiva unos cien casos de enfermedad profesional, sobre todo en situaciones laborales de difícil evaluación relacionados, sobre todo, con dermatitis y otras patologías de la piel, con problemas del aparato respiratorio y con los musculoesqueléticos. Estos últimos son los que más crecen, ya que los técnicos de las Evi de la Seguridad Social no acaban de ponerse de acuerdo sobre si el trabajador requiere una baja por incapacidad permanente.