«En la declaración ha sido todo perfecto, el juez lo ha entendido perfectamente y como no se ha firmado ningún convenio no existe ningún delito», aseguró Sáez que declaró ante el magistrado. Explicó el primer edil de San Miguel que la imputación se debía a una denuncia de la asociación de vecinos de esa localidad. Y señaló que «tanto que han reivindicado y tanto como han protestado, llevando a los Plenos y en la prensa para que llevemos el agua a Lo Filipinas», y mostró su contrariedad porque «pusieron la denuncia adelantándose a los hechos», ya que lo único que el alcalde dijo haber hecho fue «llevar el asunto del convenio al Pleno, antes de firmarlo», sostuvo.
Y aseguró que nunca llegó a firmarse porque «no era legal, salvo que se aprobara el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que ya está aprobado». Añadió Sáez que al no contemplar esos terrenos el PGOU como urbanizables «pues no hay nada de lo dicho, no he llegado ni a terminar de negociar ni a firmar ningún convenio», recalcó. El presunto delito de prevaricación era, según los denunciantes haber suscrito un convenio a sabiendas de que era ilegal, pero como nunca, según el regidor, se materializó la firma, Sáez aseguró estar muy tranquilo puesto que «se han adelantado a la jugada, pero que yo, con mucho gusto, estoy dispuesto a responderle al Juez y a todos los que quieran», ironizó.
En su opinión no puede haber indicio de prevaricación porque «yo lo único que hice fue una moción al Pleno para que me autorizara a negociar un futuro convenio y luego como en el Plan General no autoriza a urbanizar esos terrenos, no ha habido que seguir hablando ni negociando nada». Para Sáez la razón de dar a conocer al Pleno la intención de firmar un convenio con la empresa Villamartín S.L. tenía el propósito hacer llegar a los vecinos que cuando se aprobara el planeamiento municipal iba a hacer un convenio para llevar el agua a los residentes de Lo Filipinas y «de una vez cortar ese gran problema que tiene esa zona», lamentó.
Negó que con el convenio fuera a dar a la promotora el diez por ciento de aprovechamiento, «ellos pagarían su parte proporcional, ya que esa es una empresa que está implicada porque los terrenos son de ellos, y además, porque tiene que llevar el agua a uno de los subsectores que ya está aprobado», indicó también el alcalde de San Miguel.
Ángel Sáez explicó que el convenio era «casi una imposición que le ponía el alcalde a esa empresa. para que en caso de que fueran urbanizables, del diez por ciento que nos tiene que dar al Ayuntamiento nos descontaría lo que esa obra pudiera costar, obra que sacaría el Ayuntamiento a concurso público y la haría el el propio Consistorio, nunca la empresa», justificó.
Razonó el alcalde Sáez que el motivo de anunciar la firma del convenio, incluso unos días antes de que se conociera el PGOU se debió a las prisas por solucionar el problema de abastecimiento «porque se acercaba el verano y yo quería llevar al agua para el verano a Lo Filipinas, cosa que con la no aprobación del PGOU y de la denuncia de la Asociación de Vecinos no ha sido factible».









