Las organizaciones ecologistas albaceteñas se han quejado, en un manifiesto conjunto de Ecologistas en Acción de Albacete (EA-AB) y la Asociación para la Conservación de los Ecosistemas de La Manchuela (Acem), de que desde hace ocho meses sus recursos o peticiones de información a las administraciones públicas han tenido «la callada por respuesta».
Recuerdan que según la Ley 27/2006, que regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, «cualquier asociación o particular tiene derecho a acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas, sin que para ello se esté obligado a declarar un interés determinado».
Amparados en esta Ley, los ecologistas han realizado una serie de peticiones de información, o incluso han recurrido diversas normas, y citan tres ejemplos concretos: el impacto del nuevo plan de urbanismo de San Pedro en el río Quéjola, la caza del conejo para combatir daños en cultivos, y el control de depredadores.
En el primero de los casos, ya en noviembre de 2011 enviaron cartas a las sedes de la Confederación Hidrográfica del Júcar en Albacete y a la Comisión Provincial de Urbanismo de Albacete, exponiendo en ambos casos su «preocupación por las implicaciones negativas para el dominio público hidráulico en el caso de llegar a aprobarse el Plan de Ordenación Municipal (POM) de San Pedro».
A los ecologistas les parecen «absolutamente desmesuradas e irreales las previsiones que el POM hace respecto a la calificación de nuevo suelo urbanizable tanto para uso residencial como industrial. Pensábamos, y seguimos creyendo, que los tiempos del urbanismo desaforado y antisocial han pasado, lo que debería servirnos para no incurrir en los mismos errores de cara al futuro».
La vega
Lo que más les preocupa, explican, es «la actuación que se pretende llevar a cabo sobre el río Quéjola. El POM prevé una serie de 'medidas correctoras' encaminadas a aumentar su capacidad de drenaje en su tramo colindante al casco urbano, a pesar de tratarse de un cauce que no tiene en la actualidad ningún problema de esta naturaleza».
Consideran que se trata de un encauzamiento salvaje del cauce principal, con obras innecesarias de elevado coste «y gran impacto ambiental y paisajístico sobre una vega relativamente bien conservada en la actualidad».
Opinen que se deberían respetar las zonas inundables de la vega de San Pedro y evitar las construcciones, tal y como a lo largo de siglos se ha en esa localidad.
No comparten, explican, el informe emitido de la CHJ que en 2010 daba el visto bueno condicionado al desarrollo de «unas obras de gran envergadura que supondrían el deterioro irreversible de un cauce y una vega de gran valor ambiental y patrimonial».
En cuanto a la caza del conejo de monte causante de daños en cultivos, lo califican de «matar moscas a cañonazos», ante lo que presentaron el 23 de marzo un recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, contra la resolución que prorrogaba la declaración de comarcas de emergencia cinegética temporal, autorizando su caza hasta el 1 de abril mediante hurón y redes, y hurón y escopeta.
Sin resultados
El motivo era que en este período muchas especies protegidas catalogadas como vulnerables o en peligro se encuentran en período de cortejo y reproducción. Indican que deberían haberse establecido, mediante informes técnicos, los lugares concretos donde existe exceso de población de conejos, pero no haber hecho una autorización general para todas las comarcas.
«Esta prórroga -añaden- no ha tenido resultados positivos de control, tal y como lo han reconocido las propias organizaciones agrarias».
Acerca del control de depredadores de especies cinegéticas, afirman que se hace sin estudios ni informes que lo justifiquen, y que su solicitud de información de marzo, al coordinador de Servicios Periféricos de la Consejería de Agricultura en Albacete, que cuestionaba estas prácticas y pedía información sobre autorizaciones en la provincia, tampoco ha tenido respuesta.
Ante este silencio, consideran que estamos ante «nuevos ejemplos de la nula voluntad de responder a justas demandas ciudadanas de información que tienen amparo en la legislación vigente».
Critican por ello la «prepotencia y desprecio hacia la ciudadanía» de estas administraciones.
