Vivir del aire o del sol ya no parece el gran negocio que se veía en este sector en los años de bonanza económica y que tantos beneficios llevó a algunos municipios, entre ellos varios de esta provincia.
Y es que el sector de las energías renovables perdió miles de puestos de trabajo el pasado año y comienza 2012 con un panorama poco alentador: el Gobierno de Mariano Rajoy propone suspender, al menos temporalmente y solo para las nuevas instalaciones, las ayudas a la producción en un sector que en Castilla-La Mancha ha tirado del desarrollo de municipios y ha hecho que la región sea referente nacional en cuanto a su apuesta por estas energías renovables.
En este contexto, desde asociaciones del sector como la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla-La Mancha (Aprecam) se muestran todavía cautos, a la espera de ver cuál es la decisión final del Gobierno central y ver «qué soluciones puede tener el tema».
Aunque reconocen que «en principio, es evidente que la medida podría afectar negativamente al sector si se quitan las ayudas». Así lo explica Antonio Espíldora, secretario de Aprecam, quien destaca que la energía eólica «es un sector maduro», que se ha adaptado a las nuevas tecnologías y que se puede ver «muy afectada» por las medidas.
La región produce prácticamente el 10% de la energía eólica con que se cuenta en todo el país y el sector supone un porcentaje significativo de nuestro Producto Interior Bruto, por lo que la moratoria en las ayudas podría acarrear notorios problemas a un sector que cuenta en la actualidad con más de 3.000 empleados, la mayor parte de ellos en Albacete.
Y es que la provincia de Albacete concentra el mayor número de parques eólicos de cuantos se distribuyen por toda la región.
Unos 4.000 empleos menos
Mientras el sector espera a ver los movimientos que se realizan desde el Gobierno central en relación con estas ayudas, advierten que desde el año 2010, el sector fotovoltaico ha perdido en Castilla-La Mancha unos 4.100 empleos.
Se trata de datos facilitados por la Unión Española de Fotovoltaicas (Unef), que recuerda que este sector da trabajo a más de 3.500 personas en Castilla-La Mancha, la región que más produce este tipo de energía en España, y que gran parte de esos puestos de trabajo se encuentran en esta provincia.
Se trata de un sector alrededor del cual se han creado numerosas empresas en la última década en esta región, como destacan desde las asociaciones representativas del sector, pero que cuenta también con miles de inversores particulares. Una inversión y una apuesta por las energías renovables que se frenaría «en seco» con la moratoria en las ayudas a este sector que propone el Gobierno central, tal y como advierten desde la Unef.
Cabe apuntar que en Castilla-La Mancha hay más de 11.000 instalaciones fotovoltaicas, de las que un alto porcentaje son consideradas «pequeños productores».
Sobre la moratoria a las ayudas a las nuevas instalaciones, anunciada por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, calcula que el sector fotovoltaico asumirá el 44% del impacto de la suspensión a la instalación de nueva potencia renovable retribuida, si bien ayer anunciaba su decisión de no recurrir el real decreto ley que recoge la medida, el 1/2012.
La junta directiva de la Unef lamentó, eso sí, que la medida supone un nuevo agravio para la fotovoltaica, que ya tuvo que afrontar «en solitario» durante la etapa del exministro socialista Miguel Sebastián al frente del Ministerio de Industria un recorte de primas retroactivo.
La junta de Unef, que integra a las asociaciones AEF, Asif, Anper y APPA Fotovoltaica, coincide en que la moratoria «discrimina» de nuevo al sector fotovoltaico y provoca la pérdida de los costes hundidos en los que habían incurrido los proyectos con solicitudes para entrar en las dos primeras convocatorias de 2012.
Peticiones
La federación ya pidió hace unos días al ministro que resolviera de forma excepcional la primera y segunda convocatorias de instalaciones fotovoltaicas de 2012 para evitar una «reducción abrupta» de la actividad fotovoltaica.
Advierten que los proyectos fotovoltaicos admitidos en 2011 para ser inscritos en 2012, que suman una potencia de 278 megavatios (MW), han quedado en «tierra de nadie» y corren el riesgo de que las inversiones realizadas se conviertan ahora en costes hundidos.
Por otro lado, Unef ha realizado una primera estimación del impacto socioeconómico de la moratoria fotovoltaica y concluye que, de los 160 millones de euros de ahorro calculados por Soria, 70 millones corresponden a la fotovoltaica.
Además, estiman que los proyectos solares fotovoltaicos que no podrán salir adelante por la moratoria ministerial supondrán renunciar a una cifra de negocio de 1.441 millones sólo en 2013, a lo que habría que añadir 5.586 millones de euros más entre 2014 y 2016, si la moratoria siguiese vigente.
Parón
El parón supondría la pérdida de unos 4.500 empleos directos este año y el próximo, a los que habría que añadir la desaparición de otros 9.570 empleos inducidos a tiempo completo. Además, la Administración dejará ingresar sólo en 2013 unos 230 millones de euros en retornos, mientras que las importaciones de combustibles fósiles y de derechos de dióxido de carbono se encarecerán en 35 millones de euros, según la Unef. Pero además, como advierten desde Aprecam, la moratoria en las ayudas a este sector no solo afecta a los productores de este tipo de energía renovable, también perjudica, y mucho, al sector de la producción de materiales para estas instalaciones.
Un sector representado también en Castilla-La Mancha en general y en Albacete en particular y que se podría ver afectado con la pérdida de un importante número de puestos de trabajo por el parón en las ayudas. El secretario de Aprecam señala que, al menos, queda la «esperanza» de que «en principio la moratoria sería temporal y para las nuevas instalaciones», pero advierte que esto puede perjudicar a los fabricantes de máquina, con importantes pérdidas a nivel nacional, al tiempo que «se pondrían en peligro también los objetivos europeos de que en el año 2020 el 20% de la energía que se produzca en la Unión Europea proceda de fuentes renovables».
