Sin dar demasiados detalles, y prometiendo un giro legal «profundo, riguroso, equilibrado y útil», la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, detalló ayer en el Congreso de los Diputados no tanto el contenido de la reforma -que aprobará el viernes por real decreto el Consejo de Ministros- sino más bien aquello que el Gobierno ha descartado ya en su apuesta por frenar el desempleo y favorecer la actividad. Báñez explicó que no habrá un contrato único con despido barato, como reclamaba CEOE, ni se incluirán los polémicos 'mini-jobs'.
En cambio, el Ejecutivo reformará los incentivos para favorecer la contratación indefinida a tiempo parcial de jóvenes en condiciones salariales «razonables», al tiempo que lanzará un «exigente» plan de lucha contra el fraude en el cobro de las prestaciones por desempleo y la obtención de bonificaciones. «Tolerancia cero» en este aspecto, anunció.
El objetivo de la reforma, argumentó la ministra, es frenar la actual 'alegría' de los empresarios a la hora de recurrir al despido para ajustar sus plantillas, y dotar de la máxima flexibilidad al sistema para que las empresas puedan adecuar su marcha a la maltrecha economía. Flexibilidad que llegará también a los autónomos. Aprovechó la ministra para pedir responsabilidad y sosiego a las centrales sindicales, que temen que el ajuste en derechos laborales sea de tal calibre que les empuje a una huelga general con la que ya cuenta el propio Mariano Rajoy. «Apelo a los sindicatos para que no haya escenarios de conflicto en el corto plazo», declaró. La responsable de empleo enfrió los planes de los empresarios al asegurar que un contrato único sería «inconstitucional» pues «el despido en España es causal» y, además, contravendría la normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Carta Social y de Derechos Fundamentales europeas.
Planes de futuro
«Permite arbitrariedad del empleador y nunca lo ha previsto este Gobierno», afirmó. Algo que contrasta con las declaraciones del ministro de Economía, Luis de Guindos, al Wall Street Journal en las que defendía simplificar las cerca de 40 modalidades existentes en un único contrato a tiempo completo. Báñez aclaró que el Ejecutivo utilizará figuras contractuales que ya existen pero que «no funcionan». Báñez cargó contra los 'mini-jobs' (de gran éxito en Alemania) pues, resaltó, pueden ser a tiempo completo por un salario de 400 euros «y en España nadie puede cobrar menos de 641 euros, el salario mínimo».
Sí apostó, sin embargo, contratos «de varias horas y de forma estable» a tiempo parcial con sueldos razonables. Ligado también a los jóvenes, la ministra adelantó su intención de reformar la Formación Profesional y de instaurar una «cuenta de formación» individual de cada trabajador «que le acompañará toda la vida».
En su primera comparecencia ante la Comisión de Empleo de la Cámara Baja, Báñez desveló con cuentagotas algunos de los que serán ejes principales de su departamento, como el de acercar la edad real de jubilación a la edad legal de retiro, favorecer que los jubilados que así lo deseen puedan compaginar su pensión con algún trabajo, o ligar la pensión de jubilación a las aportaciones de toda la vida laboral de los trabajadores. Todas ellas, subrayó, en el marco del Pacto de Toledo, que calificó como «el gran pacto social de la Democracia». Antes, no dudó en reprochar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero un mal diagnóstico de la crisis, una visión limitada del diálogo social y una ineficaz lucha contra el paro. Una herencia que, aseveró, unida al recrudecimiento de la crisis hará difícil la creación de empleo neto este año.
Báñez también aspira a crear una Agencia Estatal de la Seguridad Social o a reformar vía proyecto de ley el régimen y funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que, dijo, han estado sometidas a un notable «intervencionismo».
La colaboración público-privada en la colocación de parados, a la vista de los pobres resultados de los Servicios Públicos de Empleo o la creación de un 'certificado del emigrante español retornado', para favorecer su 'aterrizaje' en casa en términos de empleo o sanidad, son otros de los asuntos que ocuparán a Fátima Báñez. Y aseguró su empeño en sostener el sistema de pensiones y en asegurar las prestaciones para los parados que, dijo, no recortará pues «es un derecho que se ganan los trabajadores con su esfuerzo».
