Cinco de las ocho comunidades de vecinos que forman la urbanización de Los Prados, ubicada en la carretera de Santa Ana, se han unido para recurrir en reposición el acuerdo del proyecto de reparcelación forzosa del Programa de Actuación Urbanizadora para la regularización de este asentamiento, así como el proyecto de retasación.
En ambos recursos, los propietarios de esta urbanización irregular exigirán que se les rebaje el precio por metro cuadrado que deberán pagar para que sus parcelas sean legales y que se faciliten los trámites para poder solicitar financiación a las entidades bancarias.
En declaraciones a este diario, uno de los afectados, Enrique Clemente, calificó de «barbaridad» los costes que supondrá la ejecución de las obras para la regularización de esta urbanización, gastos que han subido en el último año como consecuencia del incremento del IVA en un 2%, y que pasarán de los 6,9 millones de euros iniciales a los más de 7,3 millones que tendrán que abonar entre las 185 parcelas que conforman este asentamiento, a razón de más de 25 euros por metro cuadrado.
«Una parcela tipo de 1.000 metros cuadrados tendrá que pagar por este proceso entre cuatro y cinco millones de las antiguas pesetas», especificó Enrique Clemente, a lo que subrayó que prácticamente el 70% de los vecinos de esta urbanización tienen edades «muy avanzadas», es decir, son «jubilados a los que difícilmente un banco les concedería una hipoteca o un préstamo para poder pagar esta regularización, porque cuatro o cinco millones de pesetas no se sacan del cajón así como así».
Un precio «abusivo»
Clemente aclaró que en ningún caso los vecinos de Los Prados están en contra de esta regularización, porque «queremos que nuestras construcciones sean legales», pero sí en contra del «abusivo» precio que tendrán que pagar por ello. Por este motivo, unos 130 propietarios de parcelas recurrirán la reparcelación forzosa del PAU publicada el pasado 3 de febrero por el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, dado que su intención es discutir el valor de la retasación, los plazos y la forma de financiación.
«El precio hay que reducirlo porque creemos que es exagerado», insistió Clemente, que consideró también que ahora «no es el momento» de abordar este proceso de regularización por la crisis. Por ello instó al Ayuntamiento de Albacete a aparcar este proceso durante unos dos años hasta ver si mejora las condiciones económicas derivadas de la crisis: «Tampoco creemos que este proceso sea una cosa urgente después de que Los Prados lleva 40 años construida; si nos esperamos otros dos, no creo que pase nada».
Una de las principales consecuencias que los vecinos sostienen han podido elevar el precio que deben pagar por esta legalización es la construcción de chalés de lujo en la urbanización, un proyecto que según Clemente está «paralizado» pero que sin duda se convirtió en el detonante para iniciar el proceso de regularización. Finalmente, Enrique Clemente indicó que las cinco comunidades de vecinos que no están conformes con el presupuesto han pedido una reunión con el concejal de Urbanismo, Francisco Javier Díaz de Prado, para conocer su opinión al respecto porque «todavía no se ha pronunciado».
