En Casas Ibáñez, 38 mujeres y diez hombres han recibido el aviso de que sus empleos en la planta de placas solares de Siliken se van a extinguir.
El cierre de esta fábrica fue calificado ayer por los sindicatos como «una barbaridad» desde el punto de vista de su impacto social para esta comarca, ya que aunque su plantilla fija de 48 empleados es la que ahora puede ir al paro, a lo largo del año llega a contratar más de centenar y medio de personas, un empleo temporal que también se pierde.
Responsables del comité de empresa, como su presidenta, Encarna Moya; y sindicalistas de Comisiones Obreras, Ángel León y Juan Antonio Cuevas, y de UGT, Francisco Borrego, coincidieron ayer al asegurar que en los quince días de posible negociación que hay tras recibir el expediente de extinción de estos 48 contratos, «la prioridad absoluta será mantener la totalidad de los puestos de trabajo».
Tras el cierre, basado en causas económicas, los sindicalistas indicaron que hay dos causas principales. Por un lado, el Real Decreto del pasado sábado suspendiendo las ayudas a empresas del sector solar fotovoltaico; por otro, la apertura por esta firma de plantas de producción en países como Rumanía y México, donde los menores costes y las mejores perspectivas del sector pueden dar mayor rentabilidad a la empresa.
Destacaron también que este cierre tiene un enorme impacto social para Casas Ibáñez y su comarca, al tratarse de la mayor empresa industrial en funcionamiento. Citaron también casos personales de los trabajadores, como los de matrimonios cuyos dos componentes van a ser despedidos a la vez.
Algunos proceden de otra empresa que en 2004 también tuvo un final tormentoso, la textil Saez Merino, y están viendo repetirse la historia.
Los sindicalistas insistieron en que las empresas de este sector han recibido muchas ayudas, por lo que deberían también «poner toda la carne en el asador» para mantener el empleo.
Criticaron que ni este gobierno ni el anterior hayan hecho una apuesta decidida por el sector de energías renovables, que emplea a unas 400.000 personas en España, y auguraron que al igual que en el caso de Casas Ibáñez, otras plantas del sector, tanto en Castilla-La Mancha como en Valencia, puedan sufrir problemas similares.
Indicaron que comprobarán si se han cumplido los requisitos legales de mantenimiento de empleo de las subvenciones pagadas a Siliken, y que en caso contrario se plantearía su devolución. Mientras el expediente avanza, los sindicatos preparan tanto la vía de la negociación como la de posibles movilizaciones, aún no precisadas.
Acompañamiento
Los sindicalistas criticaron la falta de negociación previa, que la única alternativa sea el pago de los 20 días por año que señala la ley, y que se les haya presentado «un plan de acompañamiento que es un verdadero insulto a los trabajadores».
Aseguraron que junto a los datos económicos y las cifras, «debe tenerse en cuenta la parte social; los trabajadores parece que son números para las empresas, y en este caso les va a salir muy barato provocar un desastre en Casas Ibáñez, unos 360.000 euros en total, porque las antigüedades son cortas».
