Era un perfil prácticamente inexistente para Cáritas Diocesana, pero con los años más crudos de la crisis, la organización empezó a orientar a personas con otro perfil menos marginal, pero que están en precariedad económica y, por lo tanto, en riesgo de exclusión social.
No en vano, en el histórico de la última década elaborado por el servicio de mediación jurídica de Cáritas Diocesana se puede comprobar el impresionante salto cuantitativo que ha dado este programa gratuito, que ha pasado de atender en 2011 un total de 258 casos a los 1.018 que registró en 2011.
Según el responsable de este servicio de mediación jurídica de Cáritas Diocesana, José Sánchez Sánchez, desde 2010 se viene produciendo un aumento de las intervenciones civiles como consecuencia de la grave crisis económica del momento: «Nuestra mediación en materia de deudas civiles, problemas de desahucios y procedimientos hipotecarios está constituyendo una importante intervención jurídica», confirma el letrado de la organización, que insiste en que en estos dos años se han venido incorporando a este programa personal con un perfil «menos marginal», pero con precariedad económica provocada, especialmente, por la falta de empleo.
De hecho, en la memoria anual elaborada por Cáritas ya se significa que de este millar de personas atendidas, 568 proceden de los barrios de La Estrella y La Milagrosa, es decir, que otras 450 viven repartidas por el resto de la localidad albaceteña.
Antes de la demanda
En este periodo en el que se ha agudizado la crisis y se ha disparado el impago de hipotecas a las entidades bancarias, el servicio de mediación jurídica de Cáritas ha intervenido en 40 casos, consiguiendo en 20 de ellos que las entidades bancarias aceptaran la dación en pago que vienen reclamando muchos movimientos ciudadanos, entre ellos, Stop Desahucios. En este sentido, José Sánchez subrayó la importancia de que las negociaciones con los bancos se realizan antes de que se produzca la demanda en los tribunales, porque después resulta «muy complicado». La dación en pago es una figura jurídica que consiste en poder entregar las llaves de una vivienda al banco al que no se le ha podido pagar la hipoteca, saldando así la deuda del hipotecado.
Ante los resultados que ha obtenido el servicio de intervención y asesoramiento jurídico de Cáritas en 2011 en este sentido, José Sánchez concluye que ahora la asistencia jurídica tiene que ser «esencial» dentro de una estrategia de intervención global que pueda mejorar la integración social de los colectivos más vulnerables, que son los más afectados por la crisis.
A lo largo de 2011, Cáritas llevó a cabo medio millar de actuaciones con personas que se acercaron hasta el servicio jurídico para ser orientadas o asesoradas en diferentes materias. La mayoría de ellas, concretamente 215 según la memoria anual del servicio, necesitaron la realización de alegaciones y recursos antes las administraciones públicas y un total de 133 requirieron actuaciones civiles por parte del abogado de Cáritas.
En mucha menor cuantía, se tuvieron que resolver actuaciones vinculadas con las prestaciones sociales, se elaboraron recursos de apelación, de amparo ante el Tribunal Constitucional y de casación ante el Supremo, se solicitaron nueve indultos de presos y se pidieron también siete incapacitaciones. Las actuaciones penales ascendieron a 37 y los asesoramientos jurídicos fueron 24.
