Terminamos 2011 con el anuncio del Gobierno de Cospedal del cierre inminente de los 85 centros de la mujer y de los recursos de acogida y atención a las víctimas de violencia de nuestra Comunidad Autónoma.
La movilización y la contestación social que provocó tamaña barbaridad consiguieron volver esta decisión y obligó a que se prorrogaran los convenios que mantienen estos centros al menos durante el mes de enero.
Lamentablemente dicha prórroga la solicitaron solo 80 de ellos, por lo que a día de hoy 5 centros se han visto obligados a cerrar sus puertas por falta de financiación.
Pero poco ha durado la alegría, el 2 de enero aparece publicada en el diario oficial una resolución que convoca las subvenciones para la gestión y funcionamiento de estos centros y aquí se explícita claramente cuál es la intención de la señora Cospedal:
Primero, dedica un 40% menos de presupuesto a estos centros, lo que en la práctica hace imposible que la red funcione como venía haciéndolo.
Segundo, rebaja el número de profesionales que atenderán los centros, siendo sobre todo sangrante la situación que se creará en el medio rural, pues o no contarán con profesionales suficientes o los tendrán a un cuarto de jornada.
Esto impide poder dar el servicio de información, orientación y asesoramiento en la materia de igualdad de oportunidades y hace imposible que puedan desarrollar actuaciones de prevención del sexismo y de la violencia de género.
Tercero, el régimen de concurrencia competitiva y los criterios de selección no prioridad a las administraciones públicas y no valoran suficientemente la experiencia en al gestión, esto mucho nos tememos que sea una privatización encubierta y a que supone elegir la oferta más barata y no el servicio de más calidad.
Por todo ello, la red feminista de Castilla-La Mancha quiere denunciar el brutal atropello. No podemos consentir perder derechos e instrumentos que trabajan por la igualdad de oportunidades y para ello hemos decidido promover un recurso judicial, porque estas decisiones no solo son injustas sino que además vulneran la legalidad vigente en nuestro País y nuestra Región.
La vulneración más flagrante se produce en relación a la Ley 5/2001 de prevención de malos tratos y de protección a las mujeres maltratadas. Dicha ley especifica nítidamente que la red de atención a mujeres estará compuesta por un centro de la mujer en cada municipio o mancomunidad de más de 5.000 habitantes y un centro de acogida para víctimas de violencia de género en todos los municipios de más de 25.000 habitantes, este hecho se vulnera claramente en las demarcaciones territoriales que establece el anexo II de la mencionada resolución.
Se viola la carta de servicios de los centros de la mujer, no podrán cumplirse los horarios de atención a las mujeres, ni los profesionales especialistas en las cuatro áreas ofertadas y desde luego será imposible dar respuesta a las solicitudes de mujeres en menos de 48 horas.
Esta es la manera de desmantelar una red y unos servicios encaminados a igualar las oportunidades de hombres y mujeres, que habría que seguir desarrollando y ampliando; pero está claro que para Cospedal no es ni prioritario ni importante trabajar para que las mujeres no sigamos siendo discriminadas por cuestión de sexo.
Continuaremos con nuestras protestas, con nuestra recogida de firmas en contra del cierre de estos necesarios recursos y haremos todo lo que esté en nuestras manos para corregir nuevamente los graves errores de este Gobierno, para impedir que Castilla-La Mancha vuelva al furgón de cola.
