La Sección Segunda de la Audiencia Provincial acogió ayer la segunda sesión del juicio contra la que fuera alcaldesa de Munera durante 16 años, Lourdes Varea, en la que el fiscal modificó sus conclusiones finales determinando que la acusada si había cometido un delito de prevaricación, en uno de los siete supuestos denunciados.
En este sentido el fiscal, Emilio Frías, que en principio pedía la absolución, solicitó una pena de siete años de inhabilitación para cargo público por el contrato realizado para hacer las obras de alumbrado de la calle donde se iba a instalar la residencia de ancianos, ya que dicho contrato superaba en casi el doble los 60.000 euros permitidos para realizarlo y la alcaldesa conocía este dato. «Sabe que es ilegal y busca saltarse el procedimiento por su santa voluntad».
Por último, el fiscal concluyó asegurando que en el resto de contratos denunciados no había delito. «Este es el único en el que había prevaricación, por éste se le debe condenar, en el resto puede haber ilicitudes administrativas». Además aseguró que no había un documento falso y que la responsabilidad civil sólo tenía competencia para pedirla el Tribunal de Cuentas.
Por su parte, el abogado de la acusación particular, Juan Modesto Cebrián, mantuvo su petición de pena inicial de cinco años de cárcel y diez de inhabilitación, una multa de 8.640 euros y una indemnización de 64.493,67 euros por prevaricación y falsedad de documento público. En este sentido, explicó que el fiscal había visto sólo delito en uno de los siete supuestos denunciados, porque era el único del que había informe, asegurando que en el resto «no hay informe, ni contrato, porque la exalcaldesa ha obrado haciendo su santa voluntad, hasta el momento en el que presenta las facturas». Además explicó que la alcaldesa tenía formación suficiente para saber como se debían hacer los contratos, de los que tenía conocimiento.
En cuanto al abogado de la defensa, García Montero, explicó que la alcaldesa podía haberse equivocado e «incluso ser tonta, pero no es una delincuente». En cuanto a las supuestas irregularidades que se daban en las contrataciones afirmó que «es una cuestión totalmente administrativa y los defectos han sido subsanados».
