La sección segunda de la Audiencia Provincial inició ayer el juicio contra la exalcaldesa de Munera, la socialista Lourdes Varea, en el que la acusación pide cinco años de cárcel y diez de inhabilitación por falsedad de documento público e incurrir en ilegalidades en la adjudicación de determinadas obras.
La defensa y el Ministerio Fiscal piden la absolución al entender que los hechos enjuiciados «no son constitutivos de delito alguno» y que «no hay autor».
Ayer, y en una jornada que se prolongó durante nueve horas en sesión de mañana y tarde, declararon la acusada y el resto de los testigos, entre ellos el actual alcalde de Munera, Pedro Pablo Sánchez (PP), que fue quien interpuso la denuncia. Lourdes Varea negó en todo momento los hechos de los que se le acusan y reiteró que «mi tónica de trabajo era siempre que se hicieran las cosas bien, sin ningún tipo de problema» y, respecto a si se invitaba a participar o no a más empresas en la adjudicación de obras mantuvo que «siempre dije que era mejor pasarnos de invitaciones que no llegar».
Firmas reconocidas
Reconoció su firma en documentos de las adjudicaciones de las obras en cuestión pero aseguró que en algunos casos no tuvo conocimiento de cómo se había realizado el procedimiento hasta que conoció la denuncia. «Tal vez fuera error mío, pero muchas veces, por las varias responsabilidades que tenía, yo firmaba con la plena confianza de que era bueno lo que firmaba», incidió, al tiempo que reconoció que «no me daba tiempo a leer y muchas veces no era consciente de lo que firmaba».
Respecto a alguna obra, como la adjudicación para ampliar la piscina municipal, insistió en que cuando se adjudicó ella estaba de baja por maternidad y que pudo comprobar que la piscina estaba abierta, por lo que firmó la factura para que se abonaran los 27.000 euros en cuestión a la empresa que hizo la obra. Sobre los informes en contra que la entonces secretaria del Ayuntamiento emitió afirmó que «no conocía esos reparos».
Insistió en que estaba «convencida» de que había procedimientos de adjudicación en todas las obras y que «no era consciente de que había informes en contra de la adjudicación» de una obra como, por ejemplo, la primera fase de la residencia de mayores.
Además, reiteró que las distintas facturas se aprobaron en Junta de Gobierno y que algunas de estas decisiones también se adoptaron en el Pleno «de forma unánime» porque entendían que «eran buenas para la localidad», como la residencia de mayores que, además, crearía empleo.
Alquiler de naves
Por otro lado, y sobre el contrato de arrendamiento por debajo del precio de mercado de una nave del vivero de empresas en el polígono a una empresa de textil mantuvo que «yo pensaba en el bien general y en los puestos de trabajo que iban a crear, con todo el paro que había en la localidad».
Sobre el compromiso de arrendamiento de una nave que adquirió con otra empresa poco antes de las elecciones tras las que ya no resultó elegida, mantuvo que lo hizo porque «pensaba en el bien general y en la creación de empleo».
A este respecto, el Ministerio Fiscal incidió en que el compromiso no tuvo ninguna repercusión negativa para el Ayuntamiento de Munera y que el contrato no llegó ni a formalizarse.
En su declaración, la que fuera secretaria del Ayuntamiento de Munera entonces, A. M., reiteró que los informes que se mostraban contrarios a la adjudicación de las obras se presentaron a la Junta de Gobierno y se dio cuenta de ello «aunque en algunas actas no aparezca reflejado».
En relación con las obras del polígono, y sobre la adjudicación de obras de reparación con carácter urgente a la empresa que había resultado adjudicataria de las obras del polígono, y a preguntas del Ministerio Fiscal, la exsecretaria reconoció que «no es un disparate» adjudicarlas a la misma empresa, en lugar de convocar un concurso o una subasta, aunque también matizó que «no se ajusta a derecho».
Varea mantuvo que se hizo de este modo porque ya había empresas instaladas en el polígono y que la reparación debía hacerse de forma «rápida».
