El 80% de las armas de caza que existen en Castilla-La Mancha tendrán que destruirse o inutilizarse con el nuevo reglamento que prepara el Ministerio del Interior, una iniciativa que ha levantado ampollas en el sector cinegético.
Entre las cuestiones que se plantean en el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Armas figura, según indicó ayer el presidente de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha y también a nivel provincial, Juan de Dios García, la prohibición de aquéllas provistas de mecanismos semiautomáticos.
De las 150.000 licencias de caza que, según la Federación, existen en la comunidad autónoma, cerca de un 80% de las armas que se utilizan, tanto escopetas como rifles, reúnen estas características, una cifra que supondría la eliminación, en todo el territorio nacional, de unas 800.000 armas.
Tanto la Federación de Caza de Castilla-La Mancha como la Asociación regional de Propietarios Rurales, Productores de Caza y Conservadores del Medio Natural (Aproca) han presentado alegaciones al reglamento del Ministerio y han hecho un llamamiento para que sus socios hagan lo mismo, teniendo en cuenta que el plazo oficial para ello concluye el próximo 22 de enero.
«Hemos pedido a todos los cazadores de la Región que se descarguen de nuestra página web el modelo de alegaciones», dijo el presidente de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, que consideró el nuevo marco legal como un «ataque injustificado» a la actividad cinegética.
En este sentido, citó datos de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente según los cuales el sector de la caza genera, en la comunidad autónoma, en torno a los 200 millones de euros, una realidad que, a juicio de García, «peligra» con la entrada en vigor del reglamento.
«Lo peor es que esta iniciativa legal se ha hecho de 'tapadillo' y no se ha dado audiencia en este tema al sector», explicó el representante de la Federación, quien indicó que se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de organizar un calendario de movilizaciones «que desemboque en una gran manifestación como la de marzo de 2008».
En aquella ocasión, miles de personas se dieron cita en Madrid bajo el lema 'Por el campo, la caza y la conservación', en la que una de las reivindicaciones era, precisamente, la elaboración de un nuevo Reglamento de Armas «con intervención de los sectores afectados».
Tanto la Federación como Aproca recordaron que el marco legal que se quiere poner en marcha «frustra la demanda de este colectivo», que venía solicitando un cambio de normativa para hacerla más «flexible». Y es que, según ambas entidades, la reglamentación española «ya era la más restrictiva de toda Europa».
Entre las cuestiones del borrador que el sector considera «especialmente graves» figura «que a una persona se le revoque la licencia de armas por una simple denuncia».
Asimismo, los cazadores critican que, en la propuesta del Ministerio del Interior, se eleve de 14 a 16 años el límite de edad mínimo para que un menor pueda utilizar una escopeta de caza, siempre con la supervisión de un adulto.
Para el sector cinegético, lo que está en peligro no es sólo la práctica de la caza sino todo lo relacionado con ella, como el negocio de las armerías.
Emilio Díaz, al frente de la armería del mismo nombre en la capital albaceteña, afirmó ayer que el borrador sólo contribuye a «empeorar» las cosas.
Cierres
Este profesional señaló que, en su caso, el cambio normativo se produce cuando apenas le queda un año para jubilarse, «y por supuesto que cierro», dijo. A este respecto, añadió convencido que, de no estar a punto de finalizar su etapa laboral, «tendría que replantearme la actividad».
Indicó que «con la crisis, en dos o tres años mi negocio ha caído más de un 70%», una circunstancia que atribuyó a otros factores, como el hecho de que los jóvenes «lo tienen muy difícil y creen que la caza es una afición cara, además de que no les interesa mucho el tema».
Señaló que la media de edad de los cazadores albaceteños «está más próxima a los 60 que a los 50 años», por lo que «teniendo en cuenta que las armas son para toda la vida», las hay «de sobra» para un colectivo que no vislumbra relevo generacional.
Por otra parte, se han reducido las ventas de todos los complementos relacionados con esta actividad, como ropa o calzado, que no tienen tanta demanda debido a las estrecheces de la economía.
A finales del año 2009 se contabilizaban en la provincia de Albacete cerca de 70.000 armas registradas, de las cuales la mayoría se utilizan, previa obtención de la licencia correspondiente, para la caza.
Otras novedades del texto legal que se quiere aprobar son la reducción de seis meses a uno del plazo para poner en conocimiento de la autoridad competente el fallecimiento del titular de armas que precisen autorización, así como la supresión de la enajenación de las armas en pública subasta.
También se amplía de tres a cinco años la vigencia de las licencias del tipo D (para caza mayor) y F (tiro deportivo), mientras que se incluyen nuevos requisitos que afectan a la cuchillería y a la práctica deportiva.
