Marruecos vuelve a poner contra las cuerdas al Gobierno español. Rabat anunció ayer que «las circunstancias requieren una reevaluación del conjunto de las relaciones entre Marruecos y España en todos los ámbitos». Las declaraciones del portavoz del Gobierno y ministro de la Comunicación marroquí, Jalid Naciri, se produjeron apenas dos horas después de que el Congreso de los Diputados condenara en Madrid la violencia en el desalojo del campamento saharaui en El Aaiún.
La condena de los diputados españoles, que no menciona expresamente a Marruecos, ha caído tan mal en el seno del Gobierno marroquí como la resolución adoptada la semana pasada por el Parlamento Europeo sobre la crisis de El Aaiún, que Rabat calificó de «injusta y precipitada». Según el ministro Naciri, la moción aprobada ayer en el hemiciclo español contiene «pasajes y expresiones anti-marroquíes que no pueden aceptarse» y se «solidariza implícitamente con los adversarios del reino», es decir, Argelia.
El ministro no precisó, sin embargo, qué puede significar una «reevaluación de las relaciones» ni si el Gobierno marroquí tiene pensado tomar medidas concretas para este propósito. La respuesta quizás se produzca hoy, cuando la Cámara de los Representantes marroquí, que equivale al Congreso de los Diputados, se reunirá para examinar «la postura del Parlamento español sobre la integridad territorial de Marruecos», según informó la agencia oficial MAP.
El Gobierno del reino alauí deplora, según Naciri, que «el Parlamento español haya preferido condenar a Marruecos en lugar de felicitar a las autoridades marroquíes por la prudencia y la responsabilidad que han mostrado en los últimos eventos que han tenido lugar en El Aaiún, que no han producido ninguna víctima mortal entre los civiles». Marruecos reconoce dos fallecidos civiles durante la violencia que se desató en la capital del Sáhara Occidental el mes pasado, aunque asegura que murieron en los disturbios que se produjeron en las calles de El Aaiún, y no durante el desalojo del campamento.
El Ejecutivo marroquí también critica que el Parlamento español no haya «presentado sus condolencias» a las familias de las víctimas de los 11 agentes de las fuerzas del orden que, según Rabat, perecieron durante el desalojo del asentamiento. Las fuerzas políticas españolas ponen a Marruecos «en el centro de la lucha política interna», según el portavoz del Gobierno, con fines partidistas y para «desviar la atención de la opinión pública española de la profunda crisis económica que atraviesa España».
Desde Madrid, el Ministerio de Asuntos Exteriores hizo pública a últimas horas de la tarde una nota en que afirma que el Ejecutivo español «mantiene todos los canales de comunicación abiertos con el Gobierno de Marruecos para la gestión de los diversos asuntos de interés común». El departamento que dirige Trinidad Jiménez reitera que, en todo caso, la voluntad es la de «mantener las mejores relaciones posibles con el Gobierno marroquí, desde el respeto a las instituciones de cada país».
El PP, a través de su portavoz en la Comisión de Exteriores del Congreso, Gustavo de Arístegui, consideró «gesto excesivo y desproporcionado» la reacción de Marruecos y recordó el boicot de Rabat a la prensa española e internacional. Arístegui pidió «serenidad» y «calma» a las autoridades del país magrebí.
