El asesor de la Corte Penal Internacional de La Haya, Baltasar Garzón, no se arrepiente de nada y sólo espera que el Tribunal Supremo lo juzgue cuanto antes para poder demostrar su inocencia. Así lo ponía de manifiesto ayer en Albacete en la inauguración de las VI Jornadas Interuniversitarias de Cooperación al Desarrollo. Él se siente una víctima y, de hecho, ayer decía textualmente que si se encuentra suspendido como juez de la Audiencia Nacional es por «pensar e interpretar la Ley de una forma determinada», postura en la que, tal y como subrayó, se mantiene. «Esperamos que se resuelva el último recurso, que ya debería de estar resuelto, y que se señale juicio. Lo que pido es que se me juzgue cuanto antes para poder exponer los argumentos y demostrar mi inocencia». Garzón confesó que la situación de suspensión «no es agradable», por lo que confió en que el Supremo le permita defenderse cuanto antes.
Venezuela
De todas formas, un letrado tan mediático como Garzón suscitó interés por otros temas que iban más allá de su situación personal. A preguntas de los periodistas, el asesor se refirió a que la banda terrorista ETA tenga a Venezuela como centro de entrenamiento. En su opinión, cuando una organización terrorista, que es una forma de crimen organizado, se siente investigada o acosada, como le ha ocurrido a ETA en España y Francia, busca nuevos escenarios donde actuar con más impunidad. Para Garzón, si Venezuela se está convirtiendo en el nuevo escenario, este país debería cooperar con España para que cese esta situación. «Si hay personas que han ayudado a hacer cursillos en armamento, hay que perseguir. Si no lo hacen, se están equivocando, porque están contribuyendo a que organizaciones terroristas que atacan a los derechos fundamentales de las personas permanezcan». «No se puede permanecer impasible frente al terrorismo».
Garzón trasladó a los estudiantes que la defensa de los Derechos Humanos es «una obligación de todos, fundamentalmente de quienes se están formando». En este sentido, destacó la labor de la Universidad de Castilla-La Mancha en este campo, a la que calificó de pionera en ámbitos de cooperación, compromiso, responsabilidad y lucha por los Derechos Humanos.
En relación con la responsabilidad penal de los gobiernos, Garzón matizó que se trata de una cuestión pendiente. Eso sí, reconoció que «los estados cada vez están más convencidos de que hay que unir fuerzas para combatir esos crímenes». Como ejemplo, se refirió a la Corte Penal Internacional y a la Fiscalía, donde él está ahora trabajando y comprobando en primera línea que se están cerrando espacios a la impunidad.
Crisis
No faltaron tampoco las alusiones a la crisis económica y a la cooperación al desarrollo. A este respecto, pidió que los gobiernos inviertan su agenda de valores y sean conscientes de que no se puede ahorrar en esta parcela, porque contribuirían a mantener las violaciones de los Derechos Humanos. En su opinión, la ayuda a los países emergentes debería ocupar un espacio preferente en todas las agendas.
Garzón atendió a los medios de comunicación antes de intervenir en las jornadas, por lo que también se habló de las víctimas del Franquismo. El ahora asesor de la Corte Penal Internacional recordó que en España aún hay 150.000 personas desaparecidas durante y después de la Guerra Civil. En su opinión, hay una asignatura pendiente con las víctimas y es una obligación del Estado conseguir que aparezca y se restaure a cada uno de los desaparecidos su derecho. Este empeño es el que, según recordó Garzón, le ha llevado a la suspensión como juez de la Audiencia Nacional.
